María Janco fue detenida en el paso fronterizo de Colchane, sometida a cautelares y bajo la amenaza de una multa de $100 millones tras omitirse su declaración oficial en el SAG. Una revisión de la carpeta investigativa por parte de la defensa permitió corregir los antecedentes, logrando su sobreseimiento definitivo y la restitución de sus derechos para retornar a su país.
Lo que debía ser un viaje de rutina se transformó en una auténtica pesadilla institucional. El 26 de septiembre de 2025, María Janco cruzaba la frontera por el complejo de Colchane. Pasó los controles de la Policía de Investigaciones y continuó hacia el sector del SAG y Aduanas. Al pasar sus pertenencias por los escáneres, declaró espontáneamente que llevaba su dinero en efectivo. Sin embargo, la respuesta de los funcionarios en el recinto fue tajante: la acusaron de contrabando sin escuchar sus explicaciones ni revisar la documentación que portaba.
A partir de ese instante, la maquinaria administrativa y judicial cayó con todo su peso sobre ella. María fue trasladada hacia Pozo Almonte en medio de la noche, en un trayecto que recuerda con profundo temor por el aislamiento de la pampa. Encerrada en la unidad policial y padeciendo diabetes, debió rogar por un vaso de agua para sobrellevar el encierro. Al día siguiente fue formalizada y derivada al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio, donde le negaron el acceso a sus medicamentos esenciales. Tras cuatro días privada de libertad logró salir con medidas cautelares, pero el estrés acumulado le desencadenó una parálisis facial.
“A la entrada de la cárcel les supliqué que me dieran mi medicamento porque sin eso no vivo. Me dijeron que adentro lo tendría todo, pero no me dieron nada. Me dio una parálisis facial por todo esto. Es algo que no voy a olvidar nunca, quedó grabado dentro de mí”, relató conmovida la afectada.
ERRORES GRAVES, PRUEBAS IGNORADAS Y LA AMENAZA DE IR A PRISIÓN
La causa avanzaba directo a una condena hasta que asumió su defensa la abogada Pilar Ferreira Muñoz. Al revisar la carpeta de la causa 1961-2025, la jurista descubrió una cadena de negligencias alarmantes. Aduana acompañó como prueba la simple foto de la pantalla de un celular, omitiendo verificar el documento oficial con código QR que María sí había presentado ante el SAG y que acreditaba el origen y la declaración del dinero.
Con la investigación cerrada, la fiscalía ofreció un procedimiento abreviado para que María aceptara la culpabilidad. De no hacerlo, Aduanas exigía una multa astronómica de 100 millones de pesos y la confiscación total de su dinero, una cifra imposible de pagar que la habría llevado de regreso a la cárcel. La defensa encargó peritajes privados, insistió en pedir oficios que las instituciones tardaban en responder y presionó para que se contrastaran los datos reales del sistema.
“Nuestras instituciones trataron así a una persona sin escuchar y sin verificar los antecedentes. Aduana ni siquiera contrastó el código QR. Si esta defensa no insiste y no presenta la evidencia, una persona totalmente inocente habría terminado condenada a la cárcel por no poder pagar 100 millones de pesos”, denunció la abogada Pilar Ferreira.
EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO Y UN LLAMADO A REVISAR LOS PROTOCOLOS
El vuelco crucial de la historia llegó tras presentar la evidencia directamente ante el fiscal jefe Milton Torres, quien escuchó los argumentos técnicos de la defensa. Al corroborar que la declaración jurada con código QR siempre existió en los registros del SAG y que nunca hubo delito de contrabando, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de María Janco, dejándola libre de todo cargo.
Pese al triunfo judicial, la amargura persiste. Durante la última audiencia, la defensa solicitó formalmente al jefe del área jurídica de Aduanas, Mauricio Soudre, que le ofreciera disculpas públicas a la víctima por el daño ocasionado. El representante del organismo se negó a pedir disculpas, evidenciando incluso un desconocimiento técnico sobre los formatos de declaración que emite el propio sistema público.
Hoy, a casi un año de haber quedado atrapada en Chile por un error del sistema, María prepara las maletas para retornar a Bolivia, reunirse con los suyos y recuperar el trabajo que quedó en pausa. Su caso deja una abierta advertencia sobre el actuar de los fiscalizadores en los pasos fronterizos del norte: el trabajo institucional no puede pasar por encima de los derechos básicos ni de la presunción de inocencia de nadie, sin importar su nacionalidad.
