El máximo tribunal ratificó la cancelación de la matrícula dictada por un colegio del Bío Bío tras reiterados episodios que incluyeron porte de armas blancas, agresiones físicas y acoso a docentes. La justicia y la Superintendencia de Educación descartaron la apelación de la familia y confirmaron que el establecimiento actuó apegado a la ley.
Un fallo categórico emitió la Corte Suprema al confirmar la cancelación de la matrícula de un estudiante de enseñanza básica en la comuna de Curanilahue, en la Región del Bío Bío.
El máximo tribunal dejó firme la sanción aplicada por el colegio, luego de revisar un expediente escolar que daba cuenta de 42 anotaciones negativas registradas en tan solo un año académico.
La gravedad de las faltas fundamentó la drástica medida adoptada por la dirección del plantel. Entre los hechos acreditados en el proceso figuran el porte de armas blancas dentro del recinto, una agresión física que dejó a un compañero lesionado, el uso reiterado de lenguaje obsceno y gestos de connotación sexual dirigidos tanto a profesoras como a sus propias compañeras de aula.
LA APELACIÓN DE LA FAMILIA Y EL DESCARTO DEL TRIBUNAL
Buscando frenar la salida del menor, la madre del estudiante presentó una acción judicial ante los tribunales de alzada. En su recurso, la apoderada argumentó que el establecimiento no había integrado al alumno al Programa de Integración Escolar (PIE) y que el niño presentaba antecedentes médicos que debieron ser considerados antes de tomar la decisión final.
Sin embargo, los ministros de la Corte Suprema ratificaron el criterio de la Corte de Apelaciones de Concepción. El tribunal determinó que la gravedad de las conductas ponía en riesgo la seguridad de la comunidad educativa y que la expulsión se ajustó plenamente al reglamento interno. El abogado del establecimiento, Víctor Alarcón, valoró la resolución señalando que la institución actuó con estricto apego a la norma:
«El fallo da cuenta de que el establecimiento siempre se sujetó estrictamente al principio de legalidad y al procedimiento que nos rige. Nos deja sumamente satisfechos porque demuestra que cuando se respetan las reglas, no hay entidad que pueda dejar sin efecto lo resuelto», sostuvo la defensa del colegio.
SUPERINTENDENCIA TAMBIÉN VALIDÓ LAS MEDIDAS APLICADAS
La resolución judicial no llegó de forma aislada. De manera paralela, la Superintendencia de Educación revisó el caso y validó todo el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la administración del colegio, confirmando que las etapas de notificación y apelación se cumplieron sin vulnerar derechos.
Además, el organismo fiscalizador constató que el plantel sí aplicó medidas de acompañamiento y contención previas antes de llegar a la cancelación definitiva de la matrícula.
Con el respaldo de la justicia y de la autoridad educacional, el dictamen marca un precedente sobre los límites de la convivencia escolar y la autonomía de los colegios para sancionar faltas gravísimas.
