Tras liderar el Comité Policial, el secretario de Estado reconoció que Chile posee límites fronterizos «tremendamente permeables» y dio un plazo de un mes para presentar modificaciones drásticas a la política pública. Asimismo, respondió con dureza a las críticas de la oposición, destacando la tramitación de más de 20 proyectos de ley y un giro estratégico para perseguir con nombre y apellido a las bandas criminales.
Una profunda reestructuración a la estrategia de seguridad y control de soberanía nacional fue la que anunció el Ejecutivo al inicio de esta semana laboral. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció la creación de una nueva fuerza de tarea dedicada exclusivamente al control de las fronteras del país, instancia político-técnica que tendrá la misión de elaborar un set de reformas normativas e institucionales cuyos contenidos, según adelantó la propia autoridad, serán “bastante duras” con el fin de frenar el ingreso irregular, el contrabando y el crimen organizado.
El anuncio se oficializó en el Palacio de La Moneda luego de que el jefe de la cartera de seguridad encabezara una nueva y crucial sesión del Comité Policial, junto a los altos mandos de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). En la cita, se analizaron los nudos críticos del resguardo limítrofe, admitiéndose que pese a los esfuerzos desplegados a través del plan Escudo Fronterizo y el reforzamiento militar en la macrozona norte, Chile mantiene fronteras “tremendamente permeables” que requieren pasar a ser vistas como «una gran instalación de seguridad».
Nueva fuerza de tarea y duras críticas a vacíos legales
El ministro Arrau detalló que durante el transcurso de esta semana se procederá a la firma de la resolución que dará vida legal a esta segunda fuerza de tarea fronteriza, un equipo de élite intersectorial que ya se encuentra operando en el diagnóstico de vulnerabilidades. La instancia tendrá un plazo máximo de un mes para entregar un informe consolidado con recomendaciones estrictas que apunten a modificar de raíz la actual política pública y dotar al Estado de herramientas de real disuasión.
En ese sentido, el secretario de Estado arremetió contra el actual marco normativo chileno, advirtiendo profundos vacíos en la legislación para perseguir penalmente delitos asociados al contrabando y los ingresos por pasos no habilitados. Arrau ejemplificó el nivel de vulnerabilidad recordando los recientes ingresos no autorizados al territorio nacional de funcionarios policiales y militares bolivianos portando armamento y vehículos de servicio, lo que a su juicio desnudó la urgencia de perfeccionar de manera drástica los mecanismos de fiscalización.
Persecución criminal con «nombre y apellido» y nuevos reportes de homicidios
Respecto a la seguridad urbana y el combate al narcotráfico, el Ministerio del Interior decretó un cambio radical de paradigma: el Gobierno abandonará las tipificaciones abstractas para dar paso a una persecución penal inteligente y focalizada. “Estamos dejando de hablar de crimen organizado en términos genéricos. Vamos a hablar de la banda A, B o C”, enfatizó Arrau, explicando que hoy se revisa cada homicidio de forma milimétrica junto a las policías para establecer nexos directos con mafias específicas.
Para transparentar y unificar los datos estadísticos, el titular de la cartera anunció además la implementación de reportes mensuales consolidados sobre homicidios, plataforma estadística unificada que cruzará en tiempo real la información de Carabineros, la PDI, el Servicio Médico Legal (SML) y la Fiscalía General. Estas cifras oficiales se liberarán rigurosamente al cierre de cada mes calendario para asegurar datos 100% comparables y fidedignos.
Finalmente, el secretario de Estado salió al paso de los duros cuestionamientos de sectores de la oposición, quienes en los últimos días acusaron una supuesta pasividad gubernamental en la agenda delictual. “Si alguien critica que no hay acciones concretas, es porque no está informado”, replicó Arrau, zanjando la polémica al recordar que el Ejecutivo impulsa con urgencia una batería de más de 20 proyectos de ley en el Congreso Nacional, sumado a un despliegue operativo en terreno sin precedentes.
