Cristian Barra y Martín Lonza ingresaron un requerimiento formal ante el ente fiscalizador regional. Apuntan a un impacto patrimonial de más de 50 millones de pesos en indemnizaciones derivadas de veredas en mal estado y la trágica muerte de un adulto mayor en la vía pública.
Una ofensiva fiscalizadora de proporciones institucionales se desató al interior de la Ilustre Municipalidad de Iquique. Los concejales de la comuna, Cristian Barra y Martín Francisco Lonza, ingresaron una solicitud formal de pronunciamiento ante la Contraloría Regional de Tarapacá. La acción busca que el organismo evalúe de manera urgente eventuales deficiencias sistemáticas en la mantención, fiscalización y conservación de los bienes nacionales de uso público administrados por la casa consistorial.
El documento, ingresado formalmente con fecha 19 de junio de 2026 bajo el registro N° 399, se fundamenta en una serie de recientes resoluciones judiciales que han establecido responsabilidad civil municipal por falta de servicio. Según los ediles, estos fallos ponen en evidencia una problemática reiterada que atenta directamente contra la integridad física de los peatones y la seguridad del espacio común en la capital regional.
Caídas en la vía pública y un trágico deceso: El origen de las demandas
Los antecedentes expuestos en el requerimiento son categóricos respecto al perjuicio financiero y social que enfrenta la comuna. Entre los dictámenes judiciales, destaca una sentencia confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique que condenó al municipio al pago de una indemnización superior a $7.000.000. Dicha sanción económica se originó por las lesiones graves sufridas por un transeúnte producto del evidente mal estado de una vereda en el sector urbano.
Sin embargo, el caso más complejo que encendió las alarmas de la concejalía guarda relación con un fallo judicial adverso que mandata a la corporación al pago de más de $44.000.000 a la familia de un adulto mayor que falleció tras sufrir un accidente en la vía pública. Respecto a este fatídico evento, los tribunales ordinarios determinaron de forma unánime que existió responsabilidad municipal directa por falta de fiscalización y omisión de medidas de resguardo.
A estas dos condenas se sumaría una serie de causas en curso vinculadas a negligencias urbanas recurrentes, tales como cámaras subterráneas abiertas, ausencia total de señalización de peligro y deterioro generalizado de la infraestructura en diversas poblaciones de la ciudad.
Los 7 puntos clave que revisará Contraloría
En virtud de las facultades legales que posee el ente contralor , los concejales Barra y Lonza solicitaron que se auditen de manera minuciosa las siguientes aristas operativas y financieras:
- 1. Planes Preventivos: La existencia, suficiencia y actualización de catastros de riesgos y protocolos de inspección para evitar accidentes peatonales.
- 2. Acciones Correctivas: Cuáles han sido las medidas adoptadas por la administración municipal con posterioridad a las sentencias dictadas en su contra.
- 3. Gestión de Reclamos: La vigencia de mecanismos formales de seguimiento para dar respuesta a las denuncias vecinales y requerimientos ingresados por los concejales.
- 4. Coordinación Interna: Evaluar cómo se comunican operativamente departamentos críticos como la Dirección de Obras Municipales (DOM), Aseo y Ornato, Tránsito y Asesoría Jurídica ante emergencias en la calle.
- 5. Impacto Financiero: El gasto real que estas condenas generan al patrimonio municipal por concepto de indemnizaciones, costas judiciales, reajustes e intereses.
- 6. Cumplimiento de Principios: Verificar si las omisiones detectadas se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa.
- 7. Catastro de Puntos Críticos: La necesidad imperiosa de obligar al municipio a levantar un registro comunal de veredas destruidas y cámaras abiertas que pongan en riesgo a los habitantes.
Un llamado a proteger el patrimonio de la comuna
A través de la misiva, las autoridades comunales recalcaron que, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el resguardo de la vialidad urbana y la urbanización son deberes irrenunciables de la institución.
Con esta presentación, se espera que la Contraloría Regional de Tarapacá determine las medidas correctivas o la instrucción de sumarios administrativos que resulten procedentes. Todo esto, con el fin último de cautelar el correcto uso de los recursos públicos de todos los iquiqueños y, por sobre todo, garantizar que transitar por las calles de la ciudad no se transforme en un peligro mortal.
