El jefe comunal Orlando Vargas calificó como «impracticable» a nivel local la propuesta legislativa del presidente José Antonio Kast debido al severo hacinamiento que sufre el recinto penal de la zona. Además, cuestionó la efectividad real de la zanja fronteriza, catalogándola como una medida «más simbólica que eficaz».
Un fuerte baño de realidad institucional y logística fue el que propinó el alcalde de Arica, Orlando Vargas, al abordar los recientes anuncios en materia de control migratorio realizados por el presidente de la República, José Antonio Kast, durante su visita a la región de Arica y Parinacota. El jefe comunal puso en duda la viabilidad de las propuestas legislativas en el extremo norte del país, advirtiendo un inminente colapso de la infraestructura local si no se inyectan recursos de manera previa.
La controversia gira en torno a un paquete de dos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo. El primero busca sancionar penalmente a quienes trasladen a migrantes en condición de irregularidad. El segundo corresponde a una reforma constitucional para ampliar de 5 a 60 días el plazo de retención de migrantes irregulares que cometan delitos menores, permitiendo hasta dos prórrogas legislativas para alcanzar un límite máximo de 180 días de detención. Esto último, con el fin de otorgar el tiempo y espacio necesarios a las policías para ejecutar las órdenes de expulsión del país.
Una cárcel colapsada: El freno logístico de Arica
Al ser consultado sobre si la capital regional posee la capacidad habitacional y de resguardo para albergar a cientos de extranjeros retenidos por un lapso de hasta seis meses , el alcalde Vargas fue tajante: «¿Qué capacidad para eso? No tenemos. Tenemos una cárcel hacinada».
De acuerdo con las cifras puestas sobre la mesa por el jefe edilicio, el recinto penitenciario de Arica fue construido en el año 1992 para recibir originalmente a un máximo de 1.128 reclusos. Sin embargo, la realidad actual de la crisis delictual y migratoria ha sobrepasado toda planificación, manteniendo hoy una población penal de 2.300 internos, es decir, operando a más del doble de su capacidad de diseño.
Por esta alarmante razón, la máxima autoridad comunal sentenció que la medida impulsada por el Mandatario sería totalmente impracticable en la zona, a menos que el Gobierno central asuma el costo financiero de construir un recinto especial preparado de manera exclusiva para dichos fines de albergue y retención.
El debate de la zanja: «Cualquier persona con una tabla va a cruzar»
Otro de los puntos álgidos de la intervención de la autoridad comunal fue el análisis de los trabajos de extensión y profundización de la zanja fronteriza liderados por el ministro Claudio Alvarado, quien destacó un avance cercano al 50% en las metas de contramovilidad terrestre.
Vargas optó por una postura de total honestidad frente al gasto fiscal en estas barreras físicas : «Yo no creo que la zanja vaya a dar solución a que no ingrese más gente. Funciona más como una imagen simbólica, más que eficaz». Argumentó que la estructura, que posee dos metros de ancho por tres metros de profundidad , resulta fácilmente vulnerable en terreno: «Cualquier persona por una tabla allí va a cruzar» , disparó, añadiendo que la frontera nortina es sumamente extensa y desértica, superando los 210 kilómetros de longitud. No obstante, el alcalde reconoció un punto positivo en la obra, señalando que la zanja sí resulta útil para frenar el contrabando de camiones, el tráfico de drogas y la internación clandestina de vehículos.
Monitoreo municipal: El flujo migratorio bajó a casi cero
Pese a las falencias de infraestructura, el líder comunal compartió un dato esperanzador respecto a la realidad delictual en los pasos limítrofes. Apoyados por un contingente de más de 250 guardias de seguridad municipales y el monitoreo permanente de drones , la casa consistorial ha verificado que el flujo y las oleadas de ingresos irregulares bajaron a casi cero en Arica desde hace aproximadamente seis meses.
Según explicó, las bandas dedicadas al tráfico de personas ya no operan masivamente por la región debido a que las exigentes leyes de Perú impiden el libre tránsito de retorno. A raíz de esto, las pocas personas que intentan salir de Chile se están desplazando por el lado de Colchane hacia Bolivia, utilizando la ruta de Desaguadero para reingresar a suelo peruano.
Finalmente, de cara a la agenda del Gobierno, Vargas valoró el esfuerzo legislativo pero exigió que la estrategia nacional transite desde las barreras de tierra hacia la inyección de más tecnología en la frontera, solicitando formalmente mayor dotación de helicópteros y drones de alta gama para otorgar la tranquilidad que demandan con urgencia los habitantes de Arica.
