Tras anunciarlo en su Cuenta Pública, el mandatario plasmó su rúbrica en la iniciativa legal que busca castigar económicamente a quienes lancen bombas molotov, quemen buses o destruyan monumentos nacionales. El Jefe de Estado desafió al Congreso a votar rápidamente el texto para ver “quiénes están por cuidar la patria y quiénes por recuperar los barrios”.
Menos de 48 horas después de haber esbozado las principales directrices de su gestión ante el Congreso Pleno, el Ejecutivo comenzó a mover sus piezas legislativas con un fuerte foco en el orden público y la seguridad ciudadana. Durante la tarde de este lunes, el presidente José Antonio Kast firmó formalmente el proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, materializando de forma exprés una de las promesas más comentadas y debatidas de su reciente mensaje presidencial.
La firma del documento se concretó inmediatamente después de una reunión clave del comité político en el Palacio de La Moneda, instancia en la que se abordaron los desafíos estratégicos, legislativos y comunicacionales que enfrentará la administración de ahora en adelante para tramitar esta estricta agenda en el Parlamento, la cual promete encender el debate entre las distintas bancadas políticas.
El fin de la ayuda estatal para los destructores del espacio público
El corazón de la iniciativa legal apunta directamente al bolsillo y al acceso a las garantías estatales de quienes participen en desmanes o destrozos de la propiedad pública y privada. De acuerdo con lo anunciado por las autoridades en la ceremonia oficial, dicho registro permitirá incorporar a quienes cometan delitos asociados a actos vandálicos, con el objetivo directo de que pierdan de forma inmediata sus beneficios sociales otorgados por el Estado.
Para el Ejecutivo, se trata de una medida de «sentido común» que busca proteger el erario nacional y el esfuerzo de los contribuyentes. Al respecto, el Jefe de Estado fue categórico en señalar que es urgente e imperativo ordenar la vida en sociedad, ejemplificando de manera cruda los alcances de la nueva normativa: “Si hay alguien que se da la libertad de quemar un bus, eso no solo debe tener una sanción penal, sino que también debe tener una sanción de la sociedad”, sostuvo con firmeza el mandatario.
El diseño del proyecto estipula que la destrucción de monumentos, fachadas o infraestructura crítica del transporte no puede quedar impune en el plano administrativo. Kast enfatizó que quienes incurran en estos hechos de violencia no pueden seguir beneficiándose «con el trabajo de todos los chilenos», estableciendo un muro de contención ético y financiero frente a la delincuencia urbana.
Un potente desincentivo: «Tendrán que pensarlo dos veces»
La Moneda apuesta a que este Registro Nacional funcione como una herramienta de disuasión de alta efectividad, sobre todo en los sectores juveniles y en las inmediaciones de los recintos educacionales o zonas céntricas de las grandes urbes del país. “Tendrá que pensarlo dos veces antes de que un joven lance una bomba molotov. Tendrá que pensarlo dos veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional”, advirtió el Mandatario, asegurando que la medida contribuye de manera directa a tomar cartas en el asunto a tiempo, antes de que las incivilidades escalen a delitos de mayor connotación.
Consciente de las críticas que ha levantado la propuesta en sectores de la oposición y en organismos de derechos fundamentales por posibles vulneraciones a las redes de protección social, el presidente Kast utilizó su alocución para blindar el espíritu de la ley frente a los cuestionamientos. “He escuchado algunas voces que dicen que esto iría más allá de lo que corresponde. Yo le pregunto a cada chileno, ¿es ir más allá de lo que corresponde resguardar lo que tanto nos ha costado construir? (…) Eso no es aceptable”, enfatizó de manera tajante.
El emplazamiento directo al Congreso Nacional
Tras finalizar su discurso frente a las cámaras en el palacio de Gobierno, el líder de la administración procedió a estampar su firma en el documento que inicia formalmente el trámite legislativo. El cierre de la jornada estuvo marcado por un directo y potente emplazamiento hacia las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y el Senado, instalando una fuerte presión mediática sobre el debate parlamentario que se avecina.
El Ejecutivo concluyó manifestando que espera que el Congreso discuta y vote la iniciativa a la brevedad, transformando la votación de la ley en un examen de principios institucionales: esta discusión servirá para ver “quiénes están por cuidar la patria y quiénes están por recuperar los barrios”, remató el gobernante, abriendo un nuevo e intenso capítulo en la batalla por el control del orden público en Chile.
