Una intensa controversia de alcance nacional se desató en torno a los resultados de las políticas de control fronterizo en la pampa. El Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) expuso un balance oficial que asegura haber alcanzado una reducción del 95% en los ingresos clandestinos al país, una afirmación que fue inmediatamente catalogada como un engaño estadístico por parte de exautoridades sectoriales y parlamentarios de la oposición.
La divulgación de las cuestionadas métricas se efectuó desde la comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, durante una evaluación del Plan Escudo Fronterizo. En dicha instancia, la jefatura del organismo detalló que los cruces ilegales cayeron a menos de 260 episodios frente a los miles registrados anteriormente, al mismo tiempo que se anunció un endurecimiento de sanciones económicas contra las firmas que contraten mano de obra indocumentada.
EL DESGLOSE DE LAS SALIDAS
La versión oficial del Ejecutivo defiende un cambio radical en la dinámica migratoria del norte chileno gracias a las tecnologías de contención. Detallando las cifras del período actual, el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, especificó que “Hace un año atrás teníamos 2.700 ingresos irregulares, hoy día en la misma fecha no llegan a 260, casi un 95% menos de ingresos irregulares. Han salido más de 2.500 personas -en su mayoría venezolanos- voluntariamente en el país durante lo que lleva este año”.
Los datos expuestos por la entidad migratoria vinieron acompañados de una solicitud formal de reajuste presupuestario dirigida al palacio de La Moneda. El propio director nacional del servicio precisó que le han requerido formalmente al presidente José Antonio Kast una inyección de nuevos recursos financieros con el propósito de acelerar e implementar herramientas tecnológicas avanzadas en las zonas limítrofes del altiplano.
ACUSACIÓN DE DATOS INFLADOS
La veracidad del informe gubernamental fue duramente torpedeada por el anterior jefe de la cartera de extranjería. Quien fuera el encargado de la repartición migratoria, el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, advirtió que “Basta. La ciudadanía no puede evaluar la gestión en una materia tan importante sí que no se es transparente. Una cosa son las salidas voluntarias de personas que están irregulares, y otra cosa son las salidas voluntarias de personas que tienen orden de expulsión”.
El experto en políticas de regularización acusó al actual aparato estatal de mentir abiertamente y de aplicar criterios de nula transparencia para abultar artificialmente el éxito de los operativos de control. Según la denuncia técnica expuesta, la administración actual estaría sumando de forma mañosa los abandonos por cuenta propia con los procesos forzosos decretados por la justicia o la vía administrativa sin clarificar el origen de cada registro.
CRÍTICAS AL MARKETING OFICIAL
El debate por las estadísticas de la frontera sumó de inmediato el respaldo del Poder Legislativo. El diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, cuestionó las cifras señalando que “Como ya es el estilo de este Gobierno, aquí hay mucho marketing y cifras que no reflejan completamente la realidad. Intentar vender esto como un cambio radical resulta nada creíble. La ciudadanía necesita un Gobierno que deje de improvisar y se tome esto con seriedad”.
El parlamentario oficialista añadió que los verdaderos cimientos y avances en materia de infraestructura fronteriza en la Región de Tarapacá corresponden a los diseños iniciados durante la administración de Gabriel Boric. Por tal motivo, los detractores del plan gubernamental enfatizaron que el actual balance ministerial carece de sustento real y busca instalar un relato de transformación que confunde de manera deliberada a la opinión pública.
