El ministro Pedro Güiza sostuvo un encuentro de trabajo con Anuar Quesille para revisar el uso del amicus curiae en causas regionales prioritarias, las barreras de la infancia migrante y el trabajo del Centro de Seguimiento de Medidas de Protección.
Las coordinaciones en materia de infancia no se detienen en el norte. El ministro encargado de asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones de Iquique, Pedro Güiza Gutiérrez, recibió en una mesa de trabajo directa al Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
El espacio no solo reunió a las máximas autoridades de ambas instituciones. En la cita también participaron activamente la coordinadora regional de la Defensoría, Daniela Valencia, junto a la supervisora del Centro de Seguimiento de Medidas de Protección que opera bajo el alero de la misma Corte iquiqueña.
Amicus curiae y herramientas para destrabar causas complejas
Uno de los puntos fuertes de la conversación estuvo centrado en acelerar y enriquecer las decisiones judiciales en favor de la infancia golpeada por vulneraciones. Para lograrlo, las autoridades analizaron la figura del amicus curiae como un insumo técnico clave en materias prioritarias para Tarapacá.
Esta herramienta permite que organismos especializados aporten visiones técnicas y antecedentes jurídicos en causas de alta relevancia. La idea de fondo busca respaldar el trabajo de los juzgados locales y asegurar que cada fallo responda con celeridad al interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Niñez migrante y buenas prácticas en la jurisdicción regional
La realidad migratoria de la región impone desafíos cotidianos que exigen respuestas finas del sistema judicial. Durante el encuentro, ambas partes pasaron revista a las barreras que enfrentan niños y adolescentes migrantes para acceder de manera efectiva a la justicia.
Al mismo tiempo, los equipos compartieron las buenas prácticas que la jurisdicción de Iquique ha levantado en terreno. El Centro de Seguimiento de Medidas de Protección cumple un rol fiscalizador determinante en la zona, garantizando que las órdenes emitidas por los jueces de familia se cumplan sin dilaciones y con un resguardo real de los derechos de los menores.
