La revelación de 56 decretos firmados bajo la actual administración reabrió un candente debate sobre los beneficios penitenciarios en Chile. Mientras la bancada comunista alista una interpelación parlamentaria, desde el Ejecutivo aseguran que las rebajas responden estrictamente al cumplimiento de fallos y criterios de la Corte Suprema.
La mecha la prendió un reportaje periodístico de Interferencia que destapó la firma de 56 decretos de rebaja de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La noticia sacudió de inmediato los pasillos del Congreso Nacional y obligó al Ejecutivo a salir en bloque a dar explicaciones públicas.
El impacto político fue inmediato. La bancada del Partido Comunista, encabezada por el diputado Marcos Barraza, tildó el asunto como de «la máxima gravedad» y anunció formalmente que estudian una interpelación contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, buscando fiscalizar la responsabilidad política de la cartera y frenar la concesión de nuevos beneficios a personas condenadas por agresiones a la infancia.
La defensa del Ejecutivo: «Cumplimiento estricto de la ley y de la Corte Suprema»
Desde la sede legislativa, el propio ministro Fernando Rabat enfrentó los micrófonos para poner paños fríos y desarmar las críticas. Según explicó el titular de Justicia, las resoluciones firmadas no obedecen a un criterio antojadizo del gobierno, sino que responden directamente a la doctrina fijada por la propia Corte Suprema a través de recursos de amparo acogidos.
En esa misma postura se alineó el subsecretario y vocero Gonzalo Arenas, quien calificó los cuestionamientos de «malintencionados». La autoridad enfatizó que las decisiones pasan por comisiones técnicas de rebaja de penas y que el Ejecutivo simplemente cumple con la normativa vigente, recalcando que las autoridades no actúan de manera arbitraria cuando los postulantes cumplen los requisitos legales.
Las cifras del quinquenio: 332 rebajas en los últimos cinco años
El debate destapó además el registro histórico de este tipo de medidas penitenciarias en el país. Cifras recopiladas por Emol revelan que en los últimos cinco años se han otorgado un total de 332 rebajas de condena en Chile.
De ese universo global, la estadística detalla que durante los cuatro años del mandato de Gabriel Boric se concedieron 276 de estos beneficios. Con estos antecedentes sobre la mesa, la discusión promete escalar fuertemente en Valparaíso, donde la oposición insistirá en la responsabilidad política del Ministerio de Justicia frente a decisiones que impactan la protección de niños, niñas y adolescentes.
