Quien fuera la máxima autoridad del Ministerio Público en O’Higgins quedó en prisión preventiva tras ser sorprendido por Gendarmería intentando ingresar cocaína oculta en su ropa. El caso evoca un turbulento pasado: en 2010 fue suspendido tras asistir ebrio a una audiencia y enfrentar graves denuncias por corrupción.
Un vuelco tan dramático como escandaloso sacude las esferas judiciales del norte y el centro del país. Roberto Díaz, ex fiscal regional de O’Higgins —quien durante años tuvo la responsabilidad de liderar la persecución penal contra peligrosas bandas criminales—, ingresó formalmente a prisión preventiva tras ser detenido en flagrancia intentando ingresar un cuantioso cargamento de droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.
El caso ha generado una profunda conmoción institucional. Díaz pasó de vestir la investidura de la Fiscalía a convertirse en imputado por tráfico de drogas en una de las zonas más críticas del norte grande en materia de seguridad. Lo que parecía ser una visita profesional de rutina terminó destapando no solo un delito flagrante, sino también el historial de profundas polémicas, suspensiones y sospechas de corrupción que arrastra el abogado desde el año 2010.
El burdo intento de ingreso: Droga valorada en millones
Los hechos se desencadenaron cuando el expersecutor penal concurrió hasta el penal de Alto Hospicio en su actual rol de abogado defensor privado, con el objetivo declarado de visitar a cinco internos que figuran como sus clientes. Sin embargo, la aparente normalidad del trámite se desmoronó por completo al momento de someterse a los estrictos controles de seguridad implementados por Gendarmería de Chile.
Durante la revisión física en el acceso, un funcionario del recinto penal detectó un bulto sospechoso y de consistencia anómala oculto en el interior de la vestimenta del abogado, procediendo de inmediato a una inspección exhaustiva.
Los detalles del decomiso confirman la gravedad de la maniobra. El prefecto René Camilo, jefe de la Brigada Antinarcóticos de Iquique, detalló que a través de este procedimiento «se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad chilena, mayor de edad, quien pretendía ingresar aproximadamente 200 gramos de cocaína a la cárcel de Alto Hospicio». Camilo agregó que el cargamento «tiene un avalúo en el mercado ilícito de aproximadamente cuatro millones de pesos».
Por su parte, el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, especificó ante el tribunal la doble naturaleza de la sustancia incautada, precisando que el imputado «la llevaba a escondidas, oculta entre su vestimenta, tanto clorhidrato de cocaína como cocaína base», distribuida minuciosamente en un total de 58 envoltorios listos para su entrega, además de dinero en efectivo.
El fantasma de la bipolaridad y la contundencia del tribunal
Durante la audiencia de formalización de cargos, la defensa del exfiscal intentó evitar a toda costa la cárcel, jugando una carta médica al argumentar una presunta inimputabilidad asociada a un diagnóstico de trastorno bipolar. No obstante, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio desestimó de plano la alegación debido a la total ausencia de un informe psiquiátrico o psicológico pericial que respaldara científicamente dicha condición al momento de cometer el delito.
Al resolver la controversia, la magistrada a cargo de la sala fue categórica al estimar que los antecedentes expuestos «hacen peligrosa su libertad para la sociedad, por lo tanto se va a ordenar su ingreso en prisión preventiva», fijando un plazo de cierre de investigación de 120 días. Debido al agravante de intentar cometer el ilícito al interior de un recinto penitenciario en su calidad de abogado, Díaz arriesga penas que parten en los 541 días y se extienden hasta los cinco años de presidio efectivo.
El oscuro precedente de 2010: Corrupción y una vergonzosa audiencia
Para quienes conocen la trastienda del Ministerio Público, la caída en desgracia de Roberto Díaz no resulta del todo una sorpresa. El abogado cuenta con un oscuro e histórico precedente que en el año 2010 provocó una de las peores crisis internas de las que se tenga recuerdo en la Fiscalía Regional de O’Higgins.
El 31 de marzo de ese año, Díaz, en su calidad de fiscal regional en ejercicio, protagonizó un bochornoso incidente al presentarse a una audiencia judicial clave en un evidente estado de intemperancia alcohólica. El hecho provocó indignación en los tribunales y encendió las alarmas en la Fiscalía Nacional, detonando su inmediata suspensión del cargo.
Sin embargo, el escándalo de la presunta ebriedad fue solo la punta del iceberg. En paralelo, el entonces jefe regional enfrentaba gravísimas denuncias internas por presuntos actos de corrupción, las cuales amenazaban con sepultar su carrera. Un mes después de iniciarse la tormenta pública y administrativa, acorralado por los cuestionamientos, Díaz presentó su renuncia indeclinable al Ministerio Público. Aunque en aquella oportunidad las acusaciones penales finalmente no prosperaron en los tribunales, el manto de duda quedó instalado para siempre.
Hoy, dieciséis años después de sortear la justicia, el destino vuelve a poner a Roberto Díaz frente a un tribunal, pero esta vez despojado de sus trajes de alta autoridad, esposado y directo a ocupar una celda en el mismo penal que pretendía vulnerar.
