
A través de una indicación en la megarreforma, el Ejecutivo busca destrabar la negociación legislativa con un mecanismo inédito: convenios de pago con la Tesorería General de la República que permitirían extinguir gran parte de la deuda acumulada. La medida beneficiaría a un universo de más de 550 mil personas bajo estrictas condiciones de cumplimiento.
En un movimiento que busca reactivar el diálogo político y cumplir, al menos parcialmente, una de las promesas más emblemáticas de la administración de Gabriel Boric, el Gobierno ingresó una indicación clave en el marco del proyecto de megarreforma. Se trata del nuevo artículo 34 transitorio, el cual otorga facultades extraordinarias a la Tesorería General de la República (TGR) para regularizar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) que ya han sido ejecutadas por el fisco.
La propuesta, que consta de casi 80 páginas de especificaciones técnicas, establece un sistema de incentivos para que los actuales morosos —un universo que hoy alcanza los 556.000 deudores— puedan sanear su situación financiera mediante convenios de pago que prometen una condonación significativa de los saldos remanentes.
El mecanismo: Pesificación y cuotas fijas
La indicación propone trasladar la lógica de la cobranza tributaria al ámbito educacional. Los deudores cuya garantía estatal ya haya sido pagada por el Fisco a los bancos podrán suscribir convenios de hasta 48 cuotas mensuales.
Un punto central de la norma es que, al momento de firmar el convenio, la deuda (actualmente expresada en UTM) será convertida a pesos y se mantendrá fija, eliminando los reajustes e intereses durante la vigencia del acuerdo. Este «congelamiento» busca dar certeza a los deudores frente a la inflación.
Los tres tramos de la condonación
El beneficio final dependerá estrictamente del comportamiento de pago del deudor durante el periodo del convenio:
- Condonación del 100%: Para aquellos que cumplan íntegra y oportunamente con la totalidad de las cuotas pactadas. Al finalizar el plan, cualquier saldo restante se extingue por completo.
- Condonación del 90%: Aplicable a deudores que incurran en incumplimientos calificados por la TGR como de “menor entidad”.
- Condonación del 70%: Para el resto de los casos de incumplimiento, previo análisis fundado de la Tesorería.
“Se crea un mecanismo formal y masivo de repactación vía TGR, lo cual es nuevo. Antes la cobranza estaba dispersa entre retenciones de impuestos y judicialización”, explica el economista Francisco Castañeda, de la U. Central, destacando que el Estado finalmente asume que perseguir deudas impagables en UTM no es eficiente.
Táctica legislativa y el factor «injusticia»
Para analistas y exautoridades, como el exsubsecretario Víctor Orellana, este anuncio es una “táctica legislativa” para forzar a la oposición a aprobar la idea de legislar. Al incluir la condonación dentro de la megarreforma, el Gobierno busca un «guiño» a los sectores que exigen soluciones concretas para la clase media endeudada.
Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. El principal flanco de resistencia es la percepción de injusticia respecto a quienes ya pagaron la totalidad de su crédito. Para mitigar esto, el Gobierno recordó que existen beneficios tributarios, como la rebaja del Impuesto Global Complementario (entre 4 y 6 UF anuales por 20 años), para quienes ya saldaron su deuda.
Plazos acotados
De aprobarse la ley, la facultad de la Tesorería para suscribir estos convenios especiales será de carácter excepcional y temporal: los deudores tendrán un plazo de solo 90 días corridos desde la publicación en el Diario Oficial para acogerse al beneficio.
Las autoridades de Hacienda subrayan que el objetivo es doble: permitir que miles de profesionales salgan de la morosidad y se reintegren al sistema financiero formal, y por otro lado, recuperar parte de los recursos fiscales que hoy se consideran prácticamente perdidos.
“La Tesorería podrá extinguir hasta el 100% del saldo remanente si el deudor cumple oportunamente con el convenio de pago, el cual tendrá un máximo de 48 cuotas y convertirá la deuda de UTM a pesos fijando su valor”, detalla el articulado de la nueva propuesta gubernamental.




