En un paso decisivo para enfrentar la crisis de seguridad en los establecimientos educacionales, la Comisión de Educación del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”. La iniciativa, que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto, entrará ahora en una fase clave de definiciones, con un cronograma que contempla la votación de indicaciones para este viernes 15 de mayo, tras recibir el testimonio de los últimos expositores invitados a la instancia.
En ese sentido, el debate parlamentario estuvo marcado por la advertencia de expertos de diversas instituciones, quienes coincidieron en que la propuesta posee un marcado enfoque punitivo. Durante las sesiones, se planteó que la aplicación de sanciones por sí solas no garantiza una disminución de la violencia si no se integran acciones de prevención y resolución de conflictos. Además, se hizo un llamado a diferenciar la violencia extrema, vinculada al uso de armas, de la violencia escolar cotidiana como el bullying o el ciberacoso.
Uno de los puntos más críticos discutidos en la sesión fue la propuesta de eliminar la gratuidad para aquellos estudiantes que resulten condenados por actos de violencia extrema. Los especialistas advirtieron que esta medida conlleva un riesgo de doble sanción y genera una barrera insalvable para la reinserción pedagógica. En este sentido, se sugirió que cualquier medida disciplinaria debe aplicarse de forma gradual y contar con una pertinencia educativa que no abandone la formación del alumno.
Sobre la implementación técnica, el proyecto abre el debate sobre la revisión de pertenencias y mochilas, punto en el cual se exigió que dicha labor esté estrictamente a cargo de profesionales capacitados. Parlamentarios y expertos enfatizaron que el foco del proyecto debe mantenerse en la detección de armas blancas o de fuego, evitando confundir este control con la convivencia diaria que, aunque problemática, representa la mayor parte de las denuncias en el sistema educativo nacional.
Pese a los cuestionamientos, los senadores Cristián Vial, Rojo Edwards y Gustavo Sanhueza manifestaron que es imperativo avanzar debido a la alta demanda de seguridad que exigen las comunidades educativas actualmente. Por otro lado, surgieron propuestas como la del diputado Vlado Mirosevic, quien planteó la posibilidad de entregar autonomía a los consejos escolares, permitiendo que cada establecimiento decida si aplica o no esta normativa según su realidad particular y los desafíos específicos de su entorno.
La jornada cerró con las críticas de la senadora Yasna Provoste, quien cuestionó que el proyecto se sustente en una lógica de control en lugar de una protección integral de derechos. Provoste recalcó que el Ejecutivo ya aclaró que esta ley no está diseñada para resolver la violencia escolar del día a día, lo que genera una incertidumbre sobre si la normativa logrará satisfacer las altas expectativas de los apoderados y docentes frente al actual escenario de inseguridad en las aulas.
