En el marco de la Décima Tercera (13ª) Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, celebrada el martes 05 de mayo de 2025, se dio a conocer un lapidario informe de la Contraloría General de la República. El órgano contralor ordenó el inicio inmediato de sumarios administrativos para determinar las responsabilidades de funcionarios de la casa edilicia que, durante su jornada laboral en Alto Hospicio, prestaban servicios de manera paralela en la Municipalidad de Pozo Almonte.
La gravedad de los hallazgos, expuestos ante el cuerpo de concejales, detalla que estas irregularidades ocurrieron durante los meses de enero y febrero de 2025. Según los antecedentes del oficio 4382, no solo se detectó la duplicidad de funciones en horarios superpuestos, sino que también se identificaron casos de funcionarios que habrían realizado estas labores externas mientras se encontraban con licencia médica vigente, vulnerando gravemente el estatuto administrativo.
41 OMISIONES Y FALLAS EN EL CONTROL
El informe del ente fiscalizador fue categórico al señalar una «reiterada falta de registro de horario» por parte de los implicados. En un caso específico, la auditoría detectó 41 omisiones en el marcaje de entrada y salida, lo que facilitó que el personal utilizara su jornada contratada en la casa edilicia hospiciana para cumplir funciones en la comuna vecina.
Durante la sesión, el secretario municipal, José Valenzuela Díaz señaló que el oficio del órgano contralor busca “determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios por el uso de jornada laboral en asuntos particulares y presuntos incumplimientos de reposos médicos”. El documento técnico ratifica que los servicios prestados en Pozo Almonte coincidían con las horas en que los funcionarios debían estar operativos en Alto Hospicio.
EXIGENCIAS DEL CUERPO DE CONCEJALES
Ante la magnitud de la denuncia, el cuerpo de concejales, integrado por Gabriel Orellana, José Luis Astorga, Alejandra Becerra, Tomás Soto, Lilibeth Choque y Joshua Fernández, exigió un informe detallado sobre las fallas en los sistemas de vigilancia interna. Los ediles cuestionaron la eficacia de los mecanismos de control de asistencia y solicitaron transparencia total en la validación de las licencias médicas para evitar que estos hechos se repitan.
Este nuevo flanco administrativo pone bajo la lupa la gestión del alcalde Patricio Ferreira, sumándose a otras investigaciones de Contraloría sobre el gasto público regional. La comunidad y el Concejo Municipal esperan que el sumario administrativo identifique a los responsables de este perjuicio al patrimonio municipal y aplique las sanciones máximas, con el fin de restituir la probidad y la transparencia en el servicio público.
