La parlamentaria por Tarapacá presentó un proyecto que busca eximir a celebraciones patrimoniales como La Tirana y San Lorenzo de la obligación de contratar seguros civiles o cauciones financieras, evitando que la falta de recursos ponga en riesgo su continuidad.
Un paso decisivo para la protección del patrimonio inmaterial, la cultura y la libertad de culto en el norte grande del país se dio en el Congreso Nacional. La diputada independiente-UDI por la Región de Tarapacá, Ximena Naranjo, ingresó formalmente un proyecto de ley destinado a corregir un efecto no previsto de la Ley N°21.659 sobre Seguridad Privada, con el claro objetivo de excluir a las festividades religiosas masivas de la asfixiante obligación de contratar costosos seguros de responsabilidad civil o establecer garantías financieras.
La iniciativa parlamentaria surge como respuesta directa a la profunda preocupación manifestada por diversas organizaciones religiosas, bailes religiosos y comunidades de fe de distintas zonas del país, y de manera muy particular de la Región de Tarapacá, frente a las complejas y burocráticas exigencias que la nueva normativa impone a quienes organizan eventos considerados masivos.
El vacío legal que amenaza a los eventos sin fines de lucro
Actualmente, la legislación de seguridad privada estipula de forma genérica que toda actividad que reúna a más de 3.000 personas —o que por sus características requiera medidas especiales de seguridad— debe contar obligatoriamente con mecanismos financieros destinados a responder por eventuales daños a asistentes, terceros o bienes públicos y privados. Sin embargo, la norma actual no distingue entre eventos con fines comerciales y manifestaciones religiosas organizadas por entidades sin fines de lucro.
Al respecto, la legisladora nortina enfatizó la necesidad de separar las aguas en la legislación chilena:
«Las festividades religiosas forman parte de nuestra identidad cultural, espiritual y patrimonial. No pueden ser tratadas de la misma manera que un espectáculo privado o una actividad comercial. Muchas de estas celebraciones son organizadas gracias al esfuerzo de voluntarios, fieles y comunidades completas que no cuentan con los recursos para asumir costos de esta magnitud», señaló tajantemente la diputada Naranjo.
Alerta por el futuro de La Tirana y San Lorenzo de Tarapacá
La parlamentaria advirtió con urgencia que la aplicación estricta y sin matices de esta obligación financiera de la Ley de Seguridad Privada podría generar serias dificultades para la continuidad de celebraciones tradicionales, entre ellas la emblemática Fiesta de La Tirana y la festividad de San Lorenzo de Tarapacá, las cuales cada año congregan a cientos de miles de peregrinos provenientes de todos los rincones del país en pleno desierto.
«Estamos hablando de expresiones de fe que llevan décadas formando parte de la historia de Chile. Son manifestaciones que fortalecen la vida comunitaria, preservan tradiciones culturales únicas y movilizan a miles de personas en torno a valores espirituales profundamente arraigados. No corresponde imponerles exigencias económicas que terminen dificultando o limitando su desarrollo», agregó la diputada por el distrito de Tarapacá.
Certeza jurídica y excepción en el Artículo 70
Para subsanar este problema técnico, el proyecto propone incorporar una excepción expresa en el artículo 70 de la Ley N°21.659. De esta manera, se busca establecer por ley que la obligación de contratar seguros o constituir cauciones no será aplicable a festividades, peregrinaciones o actos de culto organizados por entidades religiosas que cuenten con personalidad jurídica reconocida conforme a la legislación vigente.
Según explicó la legisladora, la iniciativa busca otorgar certeza jurídica a las organizaciones religiosas y garantizar que el ejercicio de la libertad de culto pueda desarrollarse sin obstáculos económicos desproporcionados, pero manteniendo intacta la coordinación logística con las autoridades encargadas de la seguridad y el orden público.
«Queremos perfeccionar una ley que persigue un objetivo legítimo, como es la seguridad de las personas, pero que en este caso terminó afectando realidades completamente distintas. Nuestro deber es proteger las tradiciones religiosas, culturales y patrimoniales que forman parte de la identidad de Tarapacá y de Chile», concluyó la diputada Ximena Naranjo, abriendo el debate legislativo en la Cámara Baja para blindar la religiosidad popular nortina.
