En un hecho inédito y de extrema gravedad institucional, el Consejo Regional (CORE) de Tarapacá formalizó una denuncia ante la Contraloría Regional tras detectar severas irregularidades financieras en el Gobierno Regional (GORE) durante los periodos 2022, 2023 y 2024. La acción fiscalizadora surge a raíz de los informes de la consultora externa HLB Surlatina, que emitió una Abstención de Opinión por tres años consecutivos, lo que en términos técnicos significa que la contabilidad del servicio no es auditable debido a la falta de información confiable.
La cifra cuestionada es de magnitud excepcional: el 92% del activo total del GORE Tarapacá al cierre de 2024, equivalente a M$ 518.096.277, carece de respaldo documental que permita verificar su existencia o destino. La auditoría constató la ausencia sistemática de registros auxiliares para partidas críticas como Bienes de Uso (M$ 440.368) y Bienes Financieros (M$ 96.563), contraviniendo las normativas vigentes de la Contraloría General de la República (CGR).
FALTA DE CONTROL Y CONFLICTO DE INTERÉS
Durante las sesiones de la Comisión de Infraestructura, la jefatura financiera del GORE intentó justificar la falta de registros apuntando a «limitaciones del sistema SIGFE». No obstante, los consejeros rechazaron este argumento, señalando que la obligación de control es legal y no tecnológica. Al respecto, el Presidente de la Comisión de Infraestructura, Inversión y Presupuesto, Jorge Muñoz González, manifestó que “responsabilizar a un software corporativo del Estado por la falta de diligencia en el control interno es inaceptable y evidencia una deficiencia de gestión”.
La denuncia también expone un conflicto estructural de interés, individualizando a un funcionario que ejerció simultáneamente como auditor interno y supervisor técnico de los proyectos auditados. Asimismo, se detectó una diferencia no conciliada de M$ 2.047 millones entre la ejecución presupuestaria reportada por el GORE y la información oficial de la DIPRES, situación que hasta la fecha no ha recibido una respuesta técnica satisfactoria por parte del Ejecutivo Regional.
PETITORIO Y RESPONSABILIDADES
Ante el riesgo inminente a la hacienda pública, el CORE solicitó formalmente a la Contralora Regional, Paula Vera Robles, la apertura de un sumario administrativo y un juicio de cuentas para determinar responsabilidades directivas. Los consejeros también instaron a evaluar la remisión de los antecedentes al Ministerio Público ante eventuales delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.
Finalmente, el requerimiento exige detener nuevos anticipos de fondos FNDR a entidades con rendiciones pendientes, tras revelar que el 100% de una muestra de convenios auditados presentó observaciones. Con esta acción, el Consejo Regional reafirma su voluntad de colaborar en el esclarecimiento de estos hechos para restablecer la legalidad, probidad y transparencia en la gestión de los recursos de todos los tarapaqueños.
