La organización criminal operaba una «cadena logística» entre Tacna y Santiago, cobrando hasta 700 dólares por persona. La justicia acreditó que la red cobraba tarifas adicionales incluso por cargar niños durante los peligrosos cruces por pasos no habilitados.
En un fallo que pone de relieve la sofisticación de las mafias transnacionales en el extremo norte del país, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica dictó veredicto condenatorio contra dos integrantes clave de una red criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes. La investigación, liderada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica, desnudó un modelo de negocio que explotó la vulnerabilidad de más de 60 personas, incluidos niños, niñas y adolescentes.
Los condenados de nacionalidad peruana y venezolana, fueron declarados autores de cinco delitos de tráfico de migrantes agravado y dos tráficos de migrantes simples. Con este veredicto, ya suman cinco los miembros de esta estructura delictual llevados ante la justicia, sumándose a otros tres sujetos que ya cumplen penas de 5 años tras procesos abreviados.
Una logística delictual: Del «coyote» al hostal
La investigación de la Fiscalía y las brigadas especializadas de la PDI permitió establecer que esta red no operaba de forma azarosa. Desde el año 2024, la organización mantenía un «circuito completo de ingreso irregular» con roles estrictamente definidos.
La operación comenzaba en Tacna, Perú, donde se realizaba la captación de los migrantes. Una vez pactado el pago, un «coyote» guiaba a los grupos a través de pasos no habilitados, eludiendo los controles fronterizos. Ya en territorio chileno, la logística no se detenía: vehículos apostados en la frontera trasladaban a las personas hasta un hostal ubicado en la calle Raúl del Canto, en Arica. Desde ese punto, la red incluso gestionaba pasajes en bus con destino final a Santiago.
El tarifario de la vulnerabilidad
Lo que más impactó durante el juicio fue el nivel de detalle en los cobros de la organización. El tribunal acreditó que las tarifas oscilaban entre los 150 y 700 dólares por persona. Sin embargo, el lucro no terminaba en el traslado básico: la red aplicaba cobros adicionales por el equipaje e, incluso, tarifas especiales por cargar a niños y niñas durante el cruce por las rutas ilegales.
Para el Ministerio Público, este nivel de organización evidencia una estructura más cercana a una cadena logística empresarial que a hechos aislados, donde cada etapa del viaje estaba tarifada, convirtiendo la migración desesperada en un negocio altamente rentable y sistemático.
Desarticulación y desafíos fronterizos
Desde el Ministerio Público se subrayó que esta condena es el resultado de la capacidad de respuesta frente al crimen organizado. No obstante, el caso vuelve a poner sobre la mesa la persistente presión migratoria en la frontera norte.
Si bien la persecución penal ha logrado desarticular al menos siete operaciones de ingreso detectadas en esta causa, las autoridades advierten que mientras persista la demanda por rutas irregulares, seguirán surgiendo redes que las exploten. El veredicto contra los condenados envía una señal clara de control, pero los expertos insisten en que la solución requiere combinar la fuerza de la ley con cooperación internacional y vías de ingreso regulares más claras.
La sentencia definitiva, donde se conocerán las penas que deberán cumplir los condenados, será comunicada oficialmente el próximo 11 de mayo. Con esto se cerrará un capítulo judicial significativo, aunque la vigilancia en la frontera de Arica y Parinacota se mantiene en alerta máxima ante la posible aparición de nuevas facciones delictuales.
