Durante la última sesión del Consejo Regional, se denunció que estudiantes de sectores como Bajo Soga reciben raciones insuficientes y productos envasados, mientras se mantienen en instalaciones que no cumplen con los estándares mínimos de dignidad.
La crisis educacional en la Provincia del Tamarugal ha sumado un nuevo y alarmante capítulo: la alimentación escolar. En una reveladora tercera sesión plenaria del Consejo Regional de Tarapacá (CORE) el pasado 2 de abril de 2026, diversas autoridades y representantes de apoderados denunciaron graves deficiencias en el servicio entregado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
El foco de la indignación se centró en la localidad de Bajo Soga, donde la relación entre el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y la Junaeb ha sido cuestionada por la precariedad de las raciones. Según los antecedentes presentados, los menores están recibiendo comida envasada, lo cual es considerado insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de una jornada escolar completa.
Alimentación indigna y recintos improvisados
La situación es particularmente crítica para los niños y niñas del Jardín Infantil y el anexo del Liceo de Huara en Bajo Soga. En el pleno se expuso que la alimentación que llega a la zona «no es suficiente» y no se ajusta a la realidad de los estudiantes rurales.
A esto se suma un problema de infraestructura base: los niveles de prekínder y kínder funcionan en una sede vecinal que no cuenta con las condiciones para la manipulación ni el consumo de alimentos calientes. Esta precariedad obliga a la entrega de raciones frías o procesadas, afectando directamente el desarrollo de los párvulos. “Es dramático escuchar que niños de prekínder no tienen qué comer”, se enfatizó durante la discusión, apuntando a la falta de coordinación entre los entes públicos.
Exigencia de respuestas a Junaeb
En la sesión, que contó con la participación de Marcelo Rebolledo, Director Regional de Junaeb, y Andrea Osorio, Directora Ejecutiva del SLEP Tamarugal, se exigió aclarar si efectivamente se está cumpliendo con la minuta alimentaria prometida a los apoderados.
La falta de quórum —con solo 7 de 14 consejeros regionales presentes— fue duramente criticada, acusando a parte de la autoridad política de intentar «tapar el sol con un dedo» ante un problema que vulnera derechos básicos de la infancia. Los intervinientes, entre ellos los alcaldes de Pozo Almonte y Camiña junto a delegados de los centros de padres, urgieron a la Junaeb a realizar una fiscalización inmediata en terreno para terminar con la entrega de comida envasada.
