El intento del gobierno por acelerar la polémica ley que busca sancionar el ingreso clandestino al país volvió a tropezar, esta vez con un factor político que no logra controlar: la Comisión de Gobierno del Senado quedó en manos de la oposición y, con ello, fuera del alcance directo del Ejecutivo.
Por segunda semana consecutiva, venció la urgencia legislativa sin resultados concretos, dejando en evidencia la falta de coordinación y el debilitamiento de la estrategia oficialista para impulsar una de sus iniciativas más emblemáticas en materia migratoria.
ASTUDILLO FIJA LÍMITES Y FRENA EL RITMO DEL GOBIERNO
El punto de quiebre se instaló con la llegada de la senadora Danisa Astudillo a la presidencia de la comisión, quien no solo heredó el control del debate, sino que también marcó distancia con La Moneda de forma directa y pública.
La parlamentaria fue categórica: la conducción de la comisión no depende del Ejecutivo, cuestionando además que se haya renovado la urgencia sin siquiera establecer diálogo con ella. El gesto no es menor: evidencia una ruptura en la coordinación política básica y deja al gobierno sin capacidad real de ordenar la discusión.
Más aún, no existe actualmente ninguna citación para tratar el proyecto, lo que en la práctica congela su avance. La señal es clara: el Ejecutivo perdió la iniciativa.
COMISIÓN ADVERSA Y PROYECTO CUESTIONADO
El escenario interno tampoco favorece al gobierno. La comisión presenta un equilibrio adverso (3-2) y, además, incluye voces críticas dentro del propio oficialismo ampliado. Astudillo, de hecho, ya había manifestado reparos al proyecto en su etapa como diputada, alertando sobre un eventual efecto contraproducente: la judicialización de la migración irregular podría terminar extendiendo la permanencia de los extranjeros en el país en vez de agilizar su expulsión.
A esto se suman dudas prácticas que siguen sin resolverse:
- Falta de capacidad carcelaria para aplicar sanciones.
- Ausencia de protocolos claros para menores de edad.
- Riesgo de colapso del sistema judicial ante nuevos casos.
Pese a que el proyecto plantea alternativas como la reconducción inmediata, las inconsistencias operativas siguen siendo un flanco abierto.
UN GOBIERNO SIN CONTROL DEL TIEMPO LEGISLATIVO
El control de los tiempos —clave en cualquier tramitación— hoy no está en manos del Ejecutivo. La presidencia de la comisión define qué se discute, cuándo y con qué prioridad, y esa herramienta ahora responde a una lógica distinta a la del gobierno.
La Moneda apuesta a insistir con nuevas urgencias, pero el margen se estrecha: cada renovación sin resultados refuerza la imagen de improvisación y debilidad política.
Incluso en el escenario más optimista, el proyecto recién podría discutirse en comisión la próxima semana, con una eventual llegada a sala en abril. Un calendario incierto que obliga al gobierno a negociar desde una posición debilitada.
En síntesis, lo que se proyectaba como una señal de firmeza en materia migratoria terminó convirtiéndose en un caso de desorden político: el Ejecutivo no solo no logró acelerar la ley, sino que además perdió el control del espacio clave donde se define su destino.
