La Fiscalía indaga una compleja trama que involucra a la concesionaria del aeropuerto Diego Aracena, acusada de intentar cobrar pólizas por cerca de US$9 millones con antecedentes presuntamente adulterados; la causa podría escalar bajo la Ley de Delitos Económicos.
Una investigación de alto impacto económico y potencial alcance penal mantiene bajo escrutinio a la concesionaria del Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, en medio de acusaciones por un presunto fraude de seguros que podría implicar montos cercanos a los US$9 millones.
El caso es llevado adelante por la Fiscalía Local de Las Condes, tras una querella presentada por la aseguradora ORSAN Seguros de Crédito y Garantía, la cual apunta a maniobras irregulares destinadas a activar pólizas sin que se cumplieran las condiciones contractuales exigidas.
El origen: millonarias pólizas en disputa
El conflicto se remonta a las garantías comprometidas en el marco del contrato de construcción y modernización del terminal aéreo, adjudicado bajo el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
Dichas garantías —emitidas por ORSAN— estaban asociadas al cumplimiento de obligaciones por parte de la empresa constructora a cargo del proyecto. En total, se trata de dos pólizas que suman UF 234.393,8, equivalentes a cerca de US$9 millones.
Sin embargo, tras la liquidación de la constructora responsable de las obras a fines de 2022, la concesionaria solicitó el cobro íntegro de estos seguros, argumentando incumplimientos contractuales.
La denuncia: “antecedentes falseados”
La aseguradora rechazó el pago y acudió a la justicia, asegurando que no existían fundamentos válidos para hacer efectivas las pólizas.
Según la querella, la concesionaria habría presentado información presuntamente manipulada o incompleta para justificar el cobro, lo que configuraría un eventual delito de fraude de seguros, tipificado en la normativa vigente sobre delitos económicos.
La acción judicial fue declarada admisible en septiembre de 2024, dando paso a una serie de diligencias investigativas que actualmente siguen en desarrollo.
Documento clave complica el escenario
Uno de los antecedentes que ha captado la atención del Ministerio Público es la existencia de un documento denominado “Bases de acuerdo”, fechado en julio de 2023.
En este texto —según consta en la investigación— se proponía una eventual distribución de los montos que podrían obtenerse tanto de indemnizaciones como del cobro de las pólizas, incluyendo un porcentaje significativo que sería transferido a la empresa constructora.
El contenido del documento también sugería gestiones para facilitar el pago del seguro, lo que, de acuerdo con la querella, podría evidenciar un intento coordinado de obtener recursos de manera indebida.
Posibles consecuencias legales
La causa no solo involucra a personas naturales, sino también a la concesionaria como persona jurídica, en el marco de la nueva Ley de Delitos Económicos.
De comprobarse las irregularidades, las sanciones podrían ser severas, incluyendo:
- Prohibición de contratar con el Estado
- Multas de alto monto
- Incluso la disolución de la sociedad
Investigación en curso
Por ahora, el caso se mantiene en etapa investigativa, con diligencias orientadas a esclarecer la veracidad de los antecedentes presentados y determinar eventuales responsabilidades penales.
La Fiscalía no ha descartado nuevas aristas, mientras que la querellante sostiene que los hechos apuntan a un esquema diseñado para obtener beneficios económicos en perjuicio de la aseguradora.
Impacto en una obra estratégica
El Aeropuerto Diego Aracena es una infraestructura clave para el norte del país, por lo que cualquier controversia vinculada a su concesión genera preocupación tanto en el ámbito público como privado.
El desarrollo de esta investigación podría marcar un precedente relevante en materia de fiscalización de contratos, uso de garantías y responsabilidad empresarial en grandes proyectos de infraestructura.
Un caso que podría escalar
A medida que avancen las diligencias, el caso podría transformarse en uno de los procesos más relevantes en materia de delitos económicos asociados a concesiones en Chile, abriendo un debate sobre los mecanismos de control en proyectos de alta inversión.
Por ahora, todas las miradas están puestas en el desenlace de una investigación que combina cifras millonarias, documentos clave y posibles responsabilidades penales de alto nivel.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN:
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
