La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a un proyecto que endurece la legislación sobre tráfico de drogas, incorporando nuevas agravantes que buscan responder a la evolución del crimen organizado. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría y ahora deberá continuar su tramitación en el Senado.
El eje central del proyecto apunta a sancionar con mayor severidad el tráfico de sustancias altamente peligrosas, incluso en pequeñas cantidades, cuando estas representen un riesgo significativo para la salud pública, como ocurre con el fentanilo y otras drogas sintéticas.
ENDURECIMIENTO DE PENAS Y NUEVAS AGRAVANTES
Uno de los aspectos más relevantes es que la normativa deja de centrarse únicamente en la cantidad incautada y pasa a considerar la peligrosidad y el impacto sanitario de las sustancias. En ese contexto, se incorporan agravantes que permitirán a los tribunales aplicar castigos más altos.
Entre ellas destacan el tráfico cerca de establecimientos educacionales o centros de salud, el uso de armas de fuego durante la comisión del delito, y la reincidencia de quienes ya han sido condenados por este tipo de ilícitos. Asimismo, se refuerzan las sanciones para quienes manipulen o adulteren drogas con el fin de aumentar su potencia.
Las penas para casos más graves podrían alcanzar hasta 20 años de presidio, junto con multas que superan montos millonarios, especialmente cuando se trate de sustancias sintéticas de alto riesgo.
CAMBIOS PARA EVITAR QUE LA LEY QUEDE OBSOLETA
Otro punto clave de la reforma es la modificación en la forma en que se definen las sustancias prohibidas. El proyecto elimina el listado fijo desde la ley y lo traslada a un reglamento, lo que permitirá actualizar de manera más rápida las drogas consideradas ilegales, sin necesidad de nuevas reformas legislativas cada vez que surjan compuestos nuevos.
Además, se incluyen medidas orientadas al sistema penitenciario, como mayores sanciones para el ingreso de drogas a cárceles y la incorporación de tecnología para detectar sustancias en recintos de alta seguridad.
La iniciativa forma parte de la agenda de seguridad impulsada durante 2026 y busca adaptar la legislación a un escenario donde las drogas son cada vez más potentes y sofisticadas, reforzando así la persecución penal del narcotráfico en el país.
