La autoridad tendrá como misión coordinar las acciones del Estado para reforzar el control fronterizo, enfrentar la migración irregular y combatir el crimen organizado transnacional en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
El gobierno del presidente José Antonio Kast creó una nueva figura dentro de su estrategia de seguridad: el Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, cargo que recayó en el vicealmirante (r) de la Armada, Alberto Soto Valenzuela.
El cargo depende del Ministerio del Interior, pero actuará como enlace directo entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas, las policías y los organismos de seguridad, con presencia permanente en la zona norte para supervisar la implementación de las medidas anunciadas por el Ejecutivo.
Tras asumir el desafío, Soto destacó la prioridad que tendrá la seguridad fronteriza para el actual gobierno. “Para el Gobierno de Chile, obtener el control de nuestra frontera en la macrozona norte es una prioridad absoluta”, señaló el ex vicealmirante.
Agregó además que “desde el primer día comenzamos a trabajar, junto a un gran equipo de profesionales comprometidos, para cumplir esta tarea con éxito”, enfatizando que “el trabajo conjunto e interagencial será una de nuestras más importantes herramientas”.
COORDINACIÓN ENTRE FUERZAS ARMADAS, POLICÍAS Y SERVICIOS DEL ESTADO
El principal rol del comisionado será articular el trabajo entre distintas instituciones del Estado que operan en la frontera, evitando duplicidades y fortaleciendo la coordinación operativa.
Entre sus funciones estará coordinar el despliegue de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en los sectores críticos del norte del país, además de vincular a los servicios fiscalizadores que participan en el control migratorio y aduanero.
También tendrá un papel clave como enlace directo con el Estado Mayor Conjunto, el Comando Conjunto Norte y las Jefaturas de Áreas Fronterizas, organismos responsables de la planificación estratégica de las operaciones en la zona.
Dentro de sus atribuciones, el comisionado podrá solicitar al Ejército reforzar la dotación de efectivos en la macrozona norte, además de coordinar la implementación de medidas de infraestructura destinadas a reforzar la seguridad en la frontera.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN “ESCUDO FRONTERIZO”
Una de las tareas centrales de Soto será supervisar la ejecución del plan “Escudo Fronterizo”, la estrategia del Gobierno para frenar el ingreso irregular al país y reforzar el control territorial. El programa contempla obras de infraestructura y tecnología de vigilancia en sectores críticos de la frontera, como:
- Zanjas de hasta tres metros de profundidad,
- Muros y vallas de seguridad de cinco metros de altura,
- Torres de vigilancia,
- Sensores de movimiento y radares térmicos,
- Drones de monitoreo permanente.
El plan también considera el despliegue de miles de efectivos militares y policiales, además de la instalación de sistemas de vigilancia tecnológica operativos las 24 horas. En este contexto, el comisionado tendrá la responsabilidad de supervisar la implementación de estas medidas en terreno y reportar directamente al Gobierno sobre su avance.
UNA FIGURA DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
A diferencia de otras autoridades del Estado, el comisionado no tendrá mando directo sobre las Fuerzas Armadas ni sobre las policías, por lo que su función principal será coordinar y articular la acción de los distintos organismos involucrados en la seguridad fronteriza.
El cargo fue creado por decreto presidencial y forma parte de las primeras medidas impulsadas por el Ejecutivo dentro de su estrategia de “gobierno de emergencia”, que busca acelerar decisiones y fortalecer la respuesta del Estado frente a fenómenos como la migración irregular y el crimen organizado.
En la práctica, el trabajo de Soto estará centrado en supervisar la ejecución del plan de seguridad fronteriza, coordinar instituciones y garantizar que las medidas anunciadas por el Gobierno se implementen efectivamente en la macrozona norte, considerada una de las áreas prioritarias para la política de seguridad nacional.
¿DEBATE POR SUS ATRIBUCIONES LEGALES?
Pese a la relevancia estratégica del cargo, la creación del comisionado ha generado debate en el ámbito jurídico e institucional.
Diversos especialistas y fuentes vinculadas al mundo de la defensa han advertido que la figura no cuenta con un marco legal explícito dentro de la estructura del Estado, lo que podría generar tensiones con atribuciones ya establecidas para otras autoridades.
Uno de los puntos más discutidos es que el comisionado no posee mando directo sobre las Fuerzas Armadas ni las policías, ya que la cadena de mando constitucional recae en el Presidente de la República, el Ministerio de Defensa y los comandantes en jefe de las instituciones armadas.
También se ha planteado la posibilidad de superposición de funciones con delegados presidenciales regionales y con el Ministerio de Seguridad Pública, organismos que ya poseen atribuciones en materia de coordinación de las policías.
Ante ese escenario, algunos expertos señalan que la verdadera influencia del cargo dependerá principalmente del respaldo político del Presidente.
