En una tensa sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados, el titular de Justicia se atrincheró en su postura tras la controversia por los beneficios otorgados a condenados por abusos contra menores. Aseguró que su cartera solo «formalizó» decretos, culpó al Poder Legislativo por vacíos legales y apuntó a las decisiones tomadas durante la administración saliente.
Días complejos vive el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y su presentación ante el pleno de la Cámara Baja terminó por encender aún más los ánimos. El secretario de Estado mantuvo una férrea y calculada defensa sobre la concesión de rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y otros graves ilícitos. Rabat no pidió disculpas ni calificó como un error haber firmado los beneficios, prefiriendo enfocar sus 15 minutos de intervención en contraatacar los reproches de los parlamentarios.
Sin embargo, las explicaciones del ministro terminaron por agotar la paciencia de las bancadas. Tras el cierre de la sesión especial, la oposición anunció formalmente una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, confirmando que impulsarán el juicio político por la vía legislativa. La ofensiva fue anunciada por la jefa de bancada del comité del Partido Comunista e Independientes, Daniela Serrano, dejando a la autoridad contra las cuerdas.
La línea de defensa: «Solo firmamos los decretos que venían listos»
Durante su exposición, Rabat intentó desviar la presión encarando directamente a los diputados y sacando a relucir las reducciones otorgadas entre enero y marzo de 2026, antes del traspaso de mando. «¿En qué quedó el informe de Gendarmería y qué hizo para escuchar a la víctima?», cuestionó de entrada para encarar a la oposición respecto al comportamiento de la gestión anterior.
Al desmenuzar las responsabilidades, Rabat buscó desligar a la cartera de Justicia del análisis de mérito. Según detalló, la evaluación del comportamiento del interno recae de manera privativa en la comisión evaluadora. A juicio del ministro, una vez que esa instancia emite su pronunciamiento, la etapa legal para ponderar el mérito queda totalmente agotada, por lo que la firma del decreto opera únicamente como una formalidad jurídica.
Rabat invocó los artículos 6 y 7 de la Constitución para argumentar que haber reevaluado los antecedentes habría significado actuar fuera de sus atribuciones legales. Para respaldar su argumento, citó una resolución de la Comisión de Puerto Montt de junio de 2026, donde el organismo decidió no aplicar la causal de exclusión por haberse cometido el delito antes de la reforma legal.
Mapeo de culpas: los dardos apuntan a la Ley de 2022 y al Parlamento
El titular de Justicia no guardó munición al referirse al origen del problema normativo. El ministro reprochó directamente al Congreso por no haber incorporado una norma transitoria en la reforma de febrero de 2022, la cual buscaba excluir a los agresores sexuales de estos beneficios pero dejó abiertas interpretaciones sobre su aplicación retroactiva.
En esa misma línea, recordó que la propia defensora de la Niñez de la época, Patricia Muñoz, advirtió la necesidad de fijar reglas claras para los casos previos. «Si has tenido una omisión consciente de tu deber, no puedes posteriormente reprochar que alguien haya actuado respecto de esa omisión», lanzó el ministro al hemiciclo.
Giro de criterio tras fallos adversos en la Corte Suprema
Un punto clave de la comparecencia fue la admisión de que el Ministerio comenzó rechazando estas solicitudes al asumir la gestión. Sin embargo, Rabat explicó que tuvo que dar un giro radical de postura tras recibir recursos de amparo desfavorables en el máximo tribunal del país. Según su relato, la Corte Suprema le reprochó privar ilegalmente de libertad a un recurrente al aplicar la restricción de forma retroactiva, sumando a la fecha más de 430 sentencias en esa línea.
El secretario de Estado precisó que entre mayo y octubre de 2026 se dictaron 54 decretos bajo este nuevo marco, de los cuales 36 contaban con amparos previos interpuestos por los internos. «Espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia sin infringir el juramento que efectué», desafió. Pese a la contundencia del argumento, Rabat no aclaró durante el debate cuántos de esos fallos ordenaban expresamente conceder la rebaja y cuántos simplemente exigían revisar los expedientes.
Reconocimiento de vacíos y un escenario político al límite
Aunque descartó culpas personales, la autoridad reconoció que el diseño actual deja en la indefensión a quienes sufrieron estos delitos. «No cabe ninguna duda que el procedimiento tiene un vacío en su inicio al no escuchar a las víctimas», admitió, comprometiendo el envío de un proyecto de ley para corregir la norma y remarcando que «nos haremos cargo también de las víctimas».
Sin embargo, el anuncio del envío de leyes no frenó la molestia en el Congreso. La confirmación del libelo acusatorio por parte de la oposición deja al ministro Rabat al borde de un juicio político, en medio de un escenario de alta tensión donde el oficialismo y la oposición medirán fuerzas en las próximas semanas.
