En una acción judicial sin precedentes para el sector, los sindicatos de ex trabajadores de Corpesca y Camanchaca de Iquique y Arica iniciaron una ofensiva legal contra el Fisco de Chile y las grandes pesqueras. La demanda busca una indemnización de perjuicios por la responsabilidad del Estado en la promulgación de la denominada «Ley de Pesca», calificada por los recurrentes como una normativa viciada y corrupta que provocó el desplazamiento masivo de cientos de operarios en la zona norte.
El sustento jurídico de la acción se basa en la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que acreditó actos de cohecho durante la tramitación de la ley. Al respecto, el presidente regional de los sindicatos de Iquique y Arica, Jorge Rojas, manifestó: «Estamos pidiendo solamente justicia en base a todos los trabajadores que quedaron desplazados por esta ley. Los parlamentarios ya oficializaron documentos al Senado sobre lo que está pasando y esperamos un puerto positivo para nosotros».
Por su parte, el abogado del Sindicato de Ex-Trabajadores de Corpesca y Camanchaca, Herber Medrano, explicó que solicitan pensiones de gracia, denunciando una discriminación arbitraria contra el norte, ya que en otras regiones sí se otorgaron estos beneficios. Además, detalló que la demanda contra el Fisco es por falta de servicio, al promulgar una ley cohechada, y contra las empresas por inducir una normativa a su medida que causó el despido masivo de trabajadores.
DENUNCIAS POR ABUSOS Y MERMAS DE PESO
La movilización también expone graves irregularidades en las operaciones diarias del sector. El ex capitán de pesca, Herber Medrano, señaló que la reducción de la flota dejó a cerca de mil quinientas personas en la calle tras el cierre de faenas en Mejillones y Arica. «Fuimos perjudicados; el Estado no ayudó a insertar a la gente en otros trabajos ni hizo cursos para otras oportunidades. Se hicieron multimillonarios a costa del esfuerzo de mucha gente que murió y se esforzó», enfatizó.
En esa misma línea, el ex patrón de Corpesca, Cristian Marinovic, denunció un constante desmedro económico debido a mermas injustificadas en el pesaje de las capturas. «Teníamos mermas de hasta 120 toneladas que para nosotros eran un perjuicio significativo, porque se nos paga por pesca capturada y descargada. Además, denunció que las empresas pidieron cuotas para consumo humano, pero terminaron destinando todo a la reducción de harina de pescado, vulnerando las remuneraciones anuales de los trabajadores.
Actualmente, el proceso judicial se encuentra en su fase inicial en los tribunales de Iquique, enfrentando intentos de las pesqueras por trasladar la causa a Santiago. Los trabajadores aseguran que mantendrán la presión para visibilizar la evasión de pesca y el daño moral y económico sufrido por décadas en el litoral nortino.
