En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó retomar la investigación penal contra el diputado Miguel Ángel Calisto, imputado por presunto fraude al fisco. El tribunal de alzada dejó sin efecto la polémica suspensión dictada previamente por el Juzgado de Garantía, acogiendo así los recursos presentados por la Fiscalía Regional de Aysén y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Con esta resolución, la causa judicial deberá continuar su tramitación normal.
La justicia determinó que la pausa en el proceso no tenía sustento jurídico válido, ya que se fundó en normas del antiguo sistema procesal que no están vigentes en la zona desde el año 2002. El tribunal precisó que no existe una suspensión automática por fuero parlamentario bajo el actual código. La Corte de Apelaciones de Coyhaique manifestó que “resulta contrario a derecho fundamentar la suspensión del procedimiento” en disposiciones que aludían a facultades del antiguo juez del crimen.
El parlamentario enfrenta cargos por delitos reiterados de fraude al fisco que superarían los $100 millones, relacionados con asesorías que presuntamente nunca se realizaron entre los años 2018 y 2022. Hernán Libedinsky Moscovich, fiscal regional de Aysén, manifestó cuestionamientos a la decisión previa del juzgado, señalando que la suspensión fue adoptada “sin solicitud de las partes ni debate previo” durante la audiencia de formalización del legislador.
Por su parte el Ministerio Público ratificó que no se requiere un nuevo desafuero para avanzar, pues tanto la Corte local como la Corte Suprema ya emitieron sentencias firmes al respecto. Junto a Calisto, también son investigados Carla Graff Toledo, Roland Cárcamo Catalán y Felipe Klein Vidal, todos bajo un plazo de investigación de 120 días.
Finalmente, el fiscal regional de Aysén, manifestó que la legislación contempla un solo procedimiento de desafuero ya que este “protege la función parlamentaria y no el cargo específico”.
