Un demoledor balance contenido en el Informe de Seguimiento de Licencias Médicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres) elevó a 29.270 la cifra de funcionarios públicos involucrados en el mal uso de reposos entre 2023 y 2024. El documento actualizado, que cruza datos con la Contraloría General de la República, detectó el incumplimiento de 40.629 licencias médicas en el Gobierno Central, superando ampliamente los registros de fiscalizaciones anteriores.
Respecto al perjuicio económico, el reporte institucional revela un impacto crítico para las arcas del Estado. La Dirección de Presupuestos sostuvo que los funcionarios bajo investigación percibieron un total de $36.876 millones por concepto de remuneraciones durante sus periodos de ausencia. El texto oficial precisa que el promedio de estos reposos cuestionados fue de 22,1 días, asociados a sueldos que rondan los 1,9 millones de pesos brutos.
En cuanto a las sanciones administrativas, el documento detalla que la justicia administrativa ya ha aplicado medidas disciplinarias severas. La Dipres aseveró que, tras el cierre de los primeros expedientes, 262 funcionarios han sido destituidos y otros 584 recibieron censuras formales. Actualmente, el informe contabiliza 21.098 sumarios en curso, además de 1.009 trabajadores que optaron por la renuncia voluntaria antes del inicio de los procesos en su contra.
Sobre las irregularidades detectadas, el análisis de la Contraloría desglosó conductas que vulneran la probidad administrativa. Ante ello, la Dirección de Presupuestos manifestó que el 35% de las faltas corresponden a salidas del país y un 21% a la asistencia a casinos de juegos mientras los funcionarios se encontraban con reposo vigente. Asimismo, el reporte señala que un 33% de los casos involucra viajes al extranjero y un 5% corresponde a personal de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, el seguimiento documental permitió identificar la data de ingreso de los trabajadores cuestionados, donde la Dipres concluyó que 4.061 sumariados se incorporaron al servicio público desde marzo de 2022, mientras que 23.667 pertenecen a administraciones anteriores. El informe resalta que, aunque 5.525 personas ya no forman parte de la planta estatal, casi tres mil de ellas siguen sujetas a sumarios administrativos para establecer las responsabilidades legales correspondientes.
