GOBIERNO DE PERÚ DESIGNA A GENERALES CUESTIONADOS POR MILLONARIAS COMPRAS DE ARMAMENTO ISRAELÍ Y COREANO
El Gobierno del presidente interino de Perú, José Jerí, oficializó el nombramiento de la nueva cúpula militar en medio de una fuerte controversia por millonarias adquisiciones de material bélico. A través de resoluciones en el diario oficial El Peruano, se designó al general César Briceño Valdivia como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al general Oswaldo Calle Talledo como comandante general del Ejército. Ambos oficiales asumirán sus funciones este 1 de enero de 2026, arrastrando cuestionamientos por contratos que superan los 87 millones de dólares.
Es así como la resolución suprema del Gobierno de Perú, firmada por el mandatario y el ministro César Díaz, señaló que el general Briceño reemplazará en el máximo cargo militar al general David Ojeda Parra, quien pasa a retiro tras cuatro décadas de trayectoria, mientras que el general Calle dejará la jefatura del Estado Mayor para liderar el Ejército a partir del próximo año.
Bajo la gestión de los generales mencionados, la institución armada concretó la compra de 10.000 fusiles Arad 7 a la industria de Israel por un monto de 27.3 millones de dólares. A esto se suma la adquisición de 30 vehículos blindados 8×8 K808 «White Tiger» a la compañía coreana Hyundai Rotem por 60 millones de dólares, transacciones que hoy están bajo el escrutinio público y de los organismos de control estatales.
El reporte oficial de la Contraloría peruana, difundido por medios locales, enfatizó que ambos jefes militares están siendo investigados por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de reparación de helicópteros rusos MI-17, el cual habría quedado inconcluso a pesar de los compromisos pactados anteriormente por la institución.
Pese a los procesos abiertos, el Ejecutivo ha respaldado la experiencia de Briceño, quien ha servido como director de Inteligencia y comandante del Comando Operacional del Sur. No obstante, su ascenso reactiva el debate sobre la transparencia en los procesos de modernización de las Fuerzas Armadas, en un contexto donde los contratos con proveedores internacionales de Israel y Corea del Sur permanecen bajo estricta vigilancia fiscal por parte de la Contraloría.
