DECRETAN ESTADO DE EMERGENCIA EN COLOMBIA POR DÉFICIT FINANCIERO
El presidente Gustavo Petro, en conjunto con su gabinete ministerial, oficializó este lunes el Decreto 1390 para declarar el estado de emergencia económica en el territorio colombiano. La medida, amparada en el artículo 215 de la Constitución, otorga facultades legislativas extraordinarias al Ejecutivo por un periodo de 30 días para dictar decretos con fuerza de ley. Esta decisión surge como respuesta inmediata al hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, dejando al Gobierno sin vías ordinarias para financiar el presupuesto nacional.
La crisis se agudizó tras el rechazo legislativo a dos proyectos que buscaban recaudar $28,3 billones entre 2025 y 2026. «Esta negativa ha generado un desbalance gigante entre las necesidades de gasto del Estado y los ingresos disponibles, agravando la fragilidad fiscal», sostuvieron los representantes del Gobierno de Colombia en el documento técnico. El panorama es complejo, considerando que el déficit fiscal cerró 2024 en un 6,7% y se proyecta un incremento al 7,1% del PIB para el próximo año.
En el ámbito social, la urgencia se concentra en el sistema de salud, donde el régimen subsidiado presenta un déficit crítico. Según la normativa vigente, se requieren $3,3 billones adicionales para nivelar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) al 95% del régimen contributivo, meta que cayó al 88,9% en 2022. El decreto advierte que, sin esta intervención, la atención sanitaria de los sectores más vulnerables de la población corre un riesgo inminente de paralización.
La seguridad también es un pilar fundamental de esta declaratoria debido a los ataques con drones y explosivos en regiones como Cauca, César y Norte de Santander. El Ministerio de Defensa de la nación colombiana estimó necesaria una inversión de $2,7 billones para modernizar la tecnología de la Fuerza Pública y enfrentar a los grupos armados ilegales. Todas las medidas adoptadas bajo este régimen excepcional serán revisadas por la Corte Constitucional para garantizar su legalidad y transparencia.
