Un importante operativo de fiscalización permitió a la Aduana de San Antonio, en la región de Valparaíso, incautar cerca de dos toneladas de vainillas y casquillos de municiones que intentaban ser exportadas al extranjero bajo la falsa declaración de desechos y desperdicios de cobre.
El hallazgo se produjo durante un proceso de análisis de riesgo y revisión selectiva de contenedores, en el marco del trabajo que desarrolla el servicio aduanero para detectar cobre de origen ilícito. Al inspeccionar físicamente la carga, el personal fiscalizador detectó que, junto a chatarra metálica, existían maxi sacos ocultos que contenían municiones de distintos calibres.
Según explicó la jefa de Fiscalización de la Aduana de San Antonio y directora regional subrogante, Natalia Garay, la mercancía había sido declarada como residuos de cobre, lo que motivó la apertura del contenedor y el posterior desconsolidado para verificar si lo informado coincidía con la carga real. Durante este proceso se constató que parte del embarque correspondía a elementos sujetos a control especial.
Dado el tipo de material encontrado, se activó un trabajo coordinado con la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), entidad que confirmó en terreno que la carga correspondía efectivamente a vainillas y casquillos de municiones, las que no contaban con autorización para su exportación, tal como exige la normativa vigente.
Ante esta situación, la Aduana efectuó dos denuncias formales: una por declaración maliciosamente falsa de exportación y otra por contrabando de mercancías prohibidas, ya que estos elementos están regulados por la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que quedó a cargo de la investigación para establecer el origen y destino final del material incautado.
Desde Aduanas se destacó la relevancia del procedimiento, señalando que este tipo de delitos pueden constituir ilícitos base para investigaciones por lavado de activos, y se reafirmó el compromiso institucional de reforzar la fiscalización de embarques asociados a cobre, considerando el aumento de delitos vinculados al robo de cables y tendidos eléctricos a nivel nacional.
