La región de Tarapacá formalizó la Gobernanza del Acuerdo de Escazú en una jornada encabezada por el Seremi del Medio Ambiente, Wladimir Chávez, y el delegado presidencial Pedro Medalla, donde se entregó el Plan Nacional de Implementación Participativa 2024–2030 y los lineamientos de la Resolución Exenta N°4890/2025. La instancia crea comités regionales y un consejo público–privado que integrará a autoridades, sociedad civil, sector privado, academia y ciudadanía para fortalecer la transparencia, la participación y la justicia ambiental en la región.
En una mañana luminosa y eléctrica dentro de las dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción, mientras aún flotaba el aroma a café recién cargado y carpetas impecablemente apiladas marcaban el inicio de una jornada decisiva, Tarapacá dio un golpe de timón: la región encendió de manera oficial la Gobernanza del Acuerdo de Escazú, un espacio donde lo ambiental dejó de ser discurso para transformarse en estructura, responsabilidad y acción.
Allí, entre saludos protocolares y miradas expectantes, el Delegado Presidencial Pedro Medalla y el Seremi del Medio Ambiente, Wladimir Chávez, abrieron una cita que —según todos los presentes— no es solo una formalidad, sino el comienzo de un nuevo ciclo de control ciudadano, transparencia radical y decisiones discutidas con la comunidad, no a espaldas de ella.
El momento clave: una carpeta que cambia el tablero
Uno a uno, los asistentes recibieron un documento que marcará los próximos seis años: el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024–2030. Junto a él, se difundieron los lineamientos de la Resolución Exenta N°4890/2025, la que crea el Consejo Nacional Estratégico Público–Privado y los Comités Regionales por Escazú.
Estos engranajes —explicaron las autoridades— permiten sentar en la misma mesa al Estado, la sociedad civil, el sector privado, la academia e incluso a cualquier persona del público interesada en vigilar cómo Chile cumple, paso a paso, los compromisos ambientales que firmó ante el continente.
¿Qué significa, en simple, esta nueva Gobernanza?
El sistema recién constituido obliga a Tarapacá a trabajar de manera transversal, abriendo sus procesos y permitiendo que la ciudadanía participe directamente en cómo se resuelven los temas ambientales más sensibles de la región.
Los derechos que se fortalecen son tres pilares esenciales:
🔹 Acceso a la información ambiental: datos claros, oportunos y públicos.
🔹 Participación ciudadana en decisiones ambientales: que la comunidad opine antes de que se levante un proyecto, no cuando ya está construido.
🔹 Acceso a la justicia ambiental: mecanismos reales para exigir respuestas y responsabilidades.
“No es un trámite: es un cambio cultural”
El SEREMI Wladimir Chávez fue categórico al tomar la palabra.
Con un tono decidido declaró que la Gobernanza de Escazú “no es solo un mecanismo institucional, sino una oportunidad para ampliar la participación, fortalecer la transparencia y construir decisiones ambientales con legitimidad territorial”.
Subrayó además que Tarapacá avanza con convicción, empujando diálogos y colaboraciones que antes parecían imposibles en una región marcada por inversiones estratégicas, tensiones territoriales y ecosistemas extremadamente frágiles.
Un compromiso que apunta al futuro
Desde el Ministerio del Medio Ambiente en Tarapacá reiteraron que este paso no es decorativo ni eventual.
Es—según sus propias palabras—la consolidación de la democracia ambiental: un modelo donde las comunidades dejan de ser espectadoras y se transforman en protagonistas; donde la protección de los ecosistemas ya no se negocia en silencio, sino con luz pública y participación informada.
El desafío es enorme, pero los actores regionales aseguran que la decisión está tomada: Escazú llegó para quedarse y Tarapacá quiere liderar su implementación.
