Tras semanas de votaciones fallidas, maniobras reglamentarias y tensión política, la Comisión Mixta repuso por unanimidad los fondos que permiten financiar la dieta y las asignaciones de los expresidentes, lo que garantiza que Boric, Frei, Lagos y Bachelet reciban $17,6 millones mensuales.
En el Congreso, mientras el país seguía el debate presupuestario como un trámite más, una pelea silenciosa —pero feroz— se estaba librando entre pasillos, comisiones y maniobras reglamentarias. Una disputa que no tenía que ver con salud, educación o seguridad, sino con algo mucho más simbólico: el dinero que recibirán los expresidentes de Chile, incluido Gabriel Boric, que a sus 40 años se convertirá en el exmandatario más joven —y más polémico— en acceder a estos beneficios vitalicios.
Tras semanas de enredos, rechazos, acusaciones de jugadas “por secretaría” y un agotamiento generalizado en diputados y senadores, el Gobierno logró salvar los fondos. Una suma que, mes a mes, asciende a $17,6 millones por expresidente, incluyendo oficinas, personal, traslados y la dieta que ya está protegida por ley permanente.
Pero llegar a este punto fue cualquier cosa menos fácil.
La pelea que se negó a terminar
El conflicto empezó a tomar forma cuando se reveló que, además de la dieta vitalicia —$7,3 millones mensuales—, Boric también recibiría $10,3 millones adicionales para operar una oficina con equipo, secretaría y gastos de traslado. Lo mismo para Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
La sola idea prendió fuego político: ¿Debe el Estado garantizar estos fondos para siempre a todos los expresidentes, incluso a uno que aún no deja La Moneda?
La Cámara de Diputados dijo no. No una, sino dos veces.
La Comisión Mixta también dijo no.
Y aun así, Hacienda insistió, corrigió e incluso modificó informes antes de tiempo.
Cada rechazo volvía a abrir una puerta. Cada puerta cerrada encontraba una rendija legal.
Al final, el debate dejó de ser técnico y se convirtió en un pulso de resistencia:
¿Quién se cansaría primero?
La estrategia que descolocó a todos
El Gobierno había intentado blindar estos fondos desde el 30 de septiembre, cuando ingresó el proyecto de Presupuesto con un movimiento quirúrgico: mezclar en un mismo bloque la dieta permanente con las asignaciones variables.
Si todo estaba amparado bajo la Ley 19.672 —el estatuto de expresidentes—, el Congreso no podía recortar nada.
La jugada encendió alarmas.
El diputado Miguel Mellado reclamó, denunció, pidió explicaciones.
Nada prosperó.
Más tarde, cuando la oposición finalmente logró frenar los $10,3 millones de asignaciones en la Comisión Mixta, ocurrió lo inexplicable: el informe que llegó a la Cámara apareció con todos los fondos intactos.
Un error técnico, según Hacienda.
Un movimiento político, según la oposición.
Ahí comenzó una guerra de votos, abstenciones que contaban como rechazo, solicitudes de votación separada y una tensión que terminó provocando algo insólito: la Cámara rechazó por completo toda la partida del Congreso Nacional.
Un terremoto institucional.
Pero uno con breve duración.
El giro final: la comisión mixta baja el martillo
Cansados, resignados o simplemente conscientes de que seguir peleando bloquearía la Ley de Presupuestos completa, los parlamentarios llegaron a la mesa final: la Comisión Mixta, integrada por cinco senadores y cinco diputados.
En esa última instancia, sin ruido, sin cámaras, sin discursos: acordaron por unanimidad reponer todos los fondos.
Para Frei.
Para Lagos.
Para Bachelet.
Y para Boric, cuando deje el cargo el 11 de marzo de 2026.
El informe salió de ahí, volvió a ambas cámaras y fue aprobado.
Así, los recursos sobrevivieron a un triple rechazo legislativo y un debate interminable.
El resultado: una cifra que no se mueve
Con la ley ya despachada, la suma queda así:
- Dieta vitalicia: $7,3 millones mensuales (protegida por ley permanente).
- Asignaciones de oficina, personal y viajes: $10,3 millones mensuales.
- Total por expresidente: $17,6 millones mensuales, de por vida, siempre que el Congreso apruebe año a año la parte variable.
Un gasto anual cercano a los $830 millones, que para muchos parlamentarios “no vale seguir peleando”, porque afecta a todos los expresidentes por igual.
Incluso en la derecha reconocieron que insistir en un golpe político contra Boric se estaba volviendo un boomerang: recortar fondos afectaba también a Frei, hoy cercano al sector, y a Lagos y Bachelet.
La verdadera pregunta pendiente
¿Debe Chile mantener estas asignaciones como están?
¿Debe el Parlamento revisar, modernizar o limitar el estatuto de expresidentes?
¿O el país está condenado a vivir cada año la misma pelea?
Por ahora, la respuesta es simple: los fondos están a salvo, el Gobierno ganó esta batalla y Boric tiene asegurado su bono de salida presidencial.
La discusión, sin embargo, está lejos de terminar.
