La incertidumbre laboral golpea nuevamente a la Región de Arica y Parinacota. Más de dos mil empleos podrían perderse debido a la paralización de la minera Quiborax, cuya faena extractiva permanece detenida desde fines de 2024, mientras se resuelve un juicio ambiental en el Tribunal Ambiental de Antofagasta.
La crisis, que amenaza con afectar cerca del 10% del PIB regional, motivó manifestaciones en la Ruta 11-CH, donde camioneros y trabajadores exigieron claridad sobre el futuro de la compañía y sus fuentes laborales. Ante ello, el delegado presidencial Nicolás González informó que el Gobierno mantiene contacto permanente con los sindicatos para buscar soluciones que protejan el empleo.
“Hemos sostenido conversaciones con los ministerios del Interior, Minería, Economía y Agricultura. Nuestro objetivo es garantizar que los trabajadores no sean los perjudicados por un proceso judicial que apunta a los incumplimientos medioambientales de la empresa, no a las personas”, señaló González.
El delegado enfatizó que el Ejecutivo actúa como mediador entre las partes, mientras el tribunal evalúa los antecedentes presentados por Conaf y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que acusan a Quiborax de operar dentro del Monumento Natural Salar de Surire sin la debida evaluación ambiental.
El caso ha generado preocupación política y económica. El gobernador regional, Diego Paco, advirtió que “están en riesgo más de 700 empleos directos y cerca de 2.000 si se suman los indirectos. Esto puede transformarse en una crisis social sin precedentes en la región”.
Por su parte, el senador José Miguel Durana (UDI) recordó que la paralización “ya golpeó el PIB regional y frenó inversiones por más de 70 millones de dólares”, mientras que el diputado Enrique Lee apuntó a la falta de claridad en las decisiones ambientales que, según dijo, “están asfixiando la economía regional”.
Las autoridades locales coinciden en que la situación no debe repetirse como en el caso Huachipato, en el Biobío, donde la pérdida de empleos tuvo un fuerte impacto social. El Gobierno, en tanto, insiste en que el proceso judicial seguirá su curso independiente, pero que se buscarán medidas de protección para los trabajadores afectados.
Entrevista Vilas Radio delegado presidencial Nicolás González:
