SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR HIZO BALANCE DE SUS FISCALIZACIONES AL SISTEMA

Un total de 1.200 acciones de fiscalización, 22 procedimientos sancionatorios y la recepción de más de 4 mil reclamos y denuncias contra distintas casas de estudios del país, registró la Superintendencia de Educación Superior (SES) durante 2020, en el ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley para velar por el buen funcionamiento de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, resguardando que sean financieramente sustentables, que cumplan con la normativa vigente y que respeten los compromisos suscritos con sus estudiantes.

A solo días de haber cumplido su segundo año de funcionamiento, la SES entregó su cuenta pública 2020 en formato virtual, producto de las restricciones que impone la pandemia, mediante la emisión de un video institucional y la publicación del reporte de la gestión 2020, ambos disponibles en su página web www.sesuperior.cl.

Uno de los principales desafíos de la Superintendencia de Educación Superior es lograr anticiparse a escenarios complejos que las casas de estudios pudiesen enfrentar, estableciendo las acciones de fiscalización correspondientes que permitan el adecuado resguardo de sus comunidades educativas.

En base a lo anterior, durante 2020 la SES desplegó una amplia acción de supervigilancia y fiscalización sobre las instituciones de educación superior, registrando un total de 1.209 acciones orientadas a velar por el estricto cumplimiento de la Ley y porque éstas sean financieramente sustentables.

Este importante número comprende las actuaciones que la Superintendencia desarrolló en el cumplimiento de su permanente rol de supervisión sobre todas las instituciones de educación superior del país, de manera de conocer el verdadero estado de cada una de ellas, y las que, por diversas razones, estimó necesario focalizar en aquellas casas de estudios que presentaban alguna debilidad y, por lo mismo, requerían de una acción más específica.

En cuanto a lo primero, esta Superintendencia requirió a todas las casas de estudios del país la información financiera y contractual que la ley establece y que reviste gran relevancia para el sistema, contabilizando por ese solo ejercicio 765 acciones de supervigilancia durante el año. De esta manera, y tal como lo exige la nueva regulación, la SES recopiló antecedentes fundamentales para su acción fiscalizadora, como son los estados financieros auditados de todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica; donaciones asociadas a exención tributaria; actos, convenciones y operaciones celebradas con personas relacionadas; actualización de socios, asociados y directivos de las instituciones; participación de las casas de estudios en entidades relacionadas; así como también los distintos hechos esenciales reportados por cada una de éstas.

Una vez procesada esa información y evaluando la completitud, actualización y oportunidad de la misma, además de las acciones que se derivan de denuncias y reclamos presentadas por las comunidades educativas contra las instituciones de educación superior, hechos de connotación pública, requerimientos de parte de otros servicios u organismos públicos, la Superintendencia ejerció un total de 444 acciones de fiscalización a 98 casas de estudios durante 2020.

Fiscalización financiera

La situación financiera de las instituciones de educación superior constituye, sin lugar a duda, una de las principales áreas de priorización de los esfuerzos de supervisión. En este sentido, durante el 2020 la Superintendencia de Educación Superior procedió al análisis pormenorizado de los estados financieros anuales auditados de todas las casas de estudios. Asimismo, se revisaron los estados financieros de los fondos solidarios de crédito universitario de 27 instituciones de educación superior.

A partir de este trabajo, que incluyó la aplicación de parámetros y variables, así como la revisión exhaustiva de ratios e indicadores, la SES conoció la situación financiera de todas las casas de estudios y las clasificó en función de sus niveles de riesgo. Como resultado de ese análisis, se focalizó la acción fiscalizadora en 46 instituciones, concluyendo que 42 de éstas se encontraban en alguna categoría de riesgo financiero y a 4 se le instruyeron procesos de investigación formales por estas materias. Producto de lo anterior, se desarrollaron 84 acciones de fiscalización traducidas en 42 solicitudes de antecedentes financieros y estratégicos; 38 recomendaciones financieras en virtud de los hallazgos determinados y la elaboración de 4 informes de investigación, todos ellos ejecutados durante 2020.

Fiscalización del cumplimiento normativo

En otro ámbito, la Superintendencia de Educación Superior procedió a la aplicación de diversas acciones de fiscalización tendientes a verificar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las distintas casas de estudios.

Se fiscalizaron temáticas tales como: incumplimientos de obligaciones contenidas en los contratos de prestación de servicios educacionales, problemas de convivencia interna, incumplimiento de reglamentación interna de las casas de estudio, publicidad engañosa y retención de documentación por existencia de deudas, ente otras. Asimismo, se dio curso a la investigación de denuncias presentadas por parte de la ciudadanía en contra de instituciones de educación superior.

Resultado de lo anterior, por materias de cumplimiento normativo, la SES fiscalizó a 79 instituciones durante el año, desarrollando en ese ejercicio un total de 360 acciones de fiscalización.

Primer plan especial por COVID-19

Un proceso fiscalizador de gran alcance que desarrolló la Superintendencia de Educación Superior durante el año 2020 fue el “Plan Especial de Fiscalización de las Medidas Adoptadas por las Instituciones de Educación Superior en el Contexto de la Emergencia Sanitaria producidas por el COVID-19”, que tuvo como objeto velar que las casas de estudios continuaran prestando los servicios educativos en condiciones equivalentes a las contratadas inicialmente por los estudiantes, a pesar del grave contexto sanitario que vive el país.

El plan fue aplicado a 45 instituciones de educación superior del país, incluyendo 15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica. A las instituciones anteriormente mencionadas se les aplicó una evaluación en los ámbitos de Gestión Curricular; Gestión de la Docencia; y Gestión y Acompañamiento Estudiantil, sumado a la solicitud adicional de información sobre medidas de gestión institucional y financiera.

Resultado de esta aplicación, se determinó que un 77,8% de las instituciones fiscalizadas logró acreditar el cumplimiento del mínimo establecido por la Superintendencia. Por su parte, si se realiza el análisis a nivel de la matrícula de estudiantes que comprende el universo fiscalizado, es interesante señalar que, si bien un 22,2% de las instituciones fiscalizadas no fue capaz de dar cumplimiento al mínimo establecido por parte de la Superintendencia, su incidencia en la matrícula total fue muy acotada, alcanzando sólo un 1,3% de la matrícula sujeta a fiscalización.

Procedimientos administrativos

Cuando producto de las distintas acciones de fiscalización detalladas anteriormente se constata la existencia de una o más contravenciones a las normas, esta Superintendencia instruye los correspondientes procesos administrativos, en conformidad a lo dispuesto por la Ley. En esa materia, durante el año 2020, se instruyó un total de 22 procesos administrativos, aplicando producto de ello 2 medidas de planes de recuperación, 5 multas y 3 amonestaciones por escrito.

ATENCIÓN CIUDADANA

Una de las misiones centrales de la Superintendencia de Educación Superior ha sido constituirse en un canal de comunicación expedito entre los actores que conforman la comunidad educativa, resguardando los derechos y deberes de todos los involucrados, y muy especialmente, gestionar de manera eficiente y transparente los requerimientos de la ciudadanía.

En ese contexto, durante el 2020 tramitó un total de 4.148 casos, equivalentes a un promedio de 346 reclamos o denuncias mensuales, lo que significó duplicar el promedio de 167 casos mensuales que se gestionaron durante el año 2019.

Destaca en este balance que de los casos declarados admisibles y ya cerrados, un 58% terminó con una solución favorable para el reclamante.

Si se analiza la distribución de reclamos y denuncias por tipo de institución, se evidenció que fueron las universidades las que concentraron mayoritariamente los casos recibidos, con un 50,8% del total, aun cuando esta cifra resultó significativamente menor que el 59,6% registrado en 2019.

Los institutos profesionales, por su parte, aumentaron su incidencia desde un 30,5% en 2019 a un 41,3% para el período 2020 y los centros de formación técnica mostraron un leve descenso desde 9,5% del año 2019 a un 7,6% del total para el presente año.

Para efectos de corregir los datos por matrícula, cabe señalar que, si se considera el número de reclamos por cada 1.000 estudiantes matriculados según el tipo de institución, es posible apreciar que la mayor proporción la concentran los institutos profesionales, con 4,7 casos por cada 1.000 estudiantes; seguidos por las universidades con 3,2 casos por cada 1.000 matriculados; finalizando con los centros de formación técnica con 2,5 casos cada 1.000 matriculados.

Por otra parte, al revisar la proporción de casos en función de la distribución geográfica de los reclamos y denuncias recibidos, la Región Metropolitana es la que concentra la mayor parte, con un 66,6% de los casos, cifra muy superior al 57,7% registrado el año 2019. Le siguen en relevancia la Región de Valparaíso con un 9,8%; la Región del Biobío con 4,9% y la Región del Maule, que alcanza un 3,2% de los casos.

A su vez, si se analiza a nivel regional la incidencia de los reclamos y denuncias por cada 1.000 estudiantes matriculados, se visualiza que es la Región Metropolitana la que lidera, con una incidencia de 5,1 casos cada 1.000 estudiantes, seguida por las regiones de Aysén, Valparaíso y O’Higgins, respectivamente.

En cuanto a las principales temáticas a las que se refieren los reclamos y denuncias presentados a la Superintendencia, es preciso señalar que durante 2020 se observó un cambio en relación con lo registrado el año anterior. Es así como, el 42,6% de los reclamos obedeció a materias académicas, cifra muy superior al 25,2% del año anterior, lo que es explicable por la situación de emergencia sanitaria que obligó a muchas instituciones a modificar la forma en la que entregaban el servicio educativo a sus estudiantes. En segundo lugar, figuraron las temáticas asociadas a financiamiento, que corresponden al 25,9% de los casos y en tercer lugar se ubicaron los casos administrativos, que ascienden al 22,7% del total.

ROL NORMATIVO

En ejercicio de las facultades normativas que la Ley le otorga, la Superintendencia de Educación Superior se abocó durante el 2020 a entregar certeza jurídica a las casas de estudios y a la ciudadanía, en materias relevantes de su ámbito de competencia, sirviendo de guía para el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Además de las acciones desarrolladas en el marco de la excepcionalidad declarada por la emergencia sanitaria por COVID-19, la SES avanzó en la dictación de normas de carácter general, con el objeto de regular distintas materias relevantes para el sistema de educación superior.

Un primer trabajo de gran envergadura correspondió a la dictación de la “Norma de Carácter General N°1”, la que reguló la forma, los medios, los plazos y los procedimientos que esta Superintendencia emplea para que las instituciones cumplan con la obligación de entregar la información que la Ley les ordena, a saber: estados financieros auditados; actos, convenciones y operaciones realizadas con personas relacionadas; información sobre sus socios, asociados y directivos; participación de las instituciones en entidades relacionadas; donaciones asociadas a exención tributaria; estatutos; hechos esenciales; entre otras.

Así también, y cumpliendo el mandato legal de esta Superintendencia de definir las normas contables que deberán utilizar las instituciones de educación superior, además de uniformar la manera en que éstas llevan su contabilidad, se elaboró, en conjunto con la Contraloría General de la República, la “Norma Contable de revisión financiera para instituciones de educación superior del Estado”. Dicha norma ya inició su implementación y, a partir de 2023, será exigible a todos los planteles académicos del Estado.

Por último, la Superintendencia de Educación Superior realizó diversos pronunciamientos respecto de distintas temáticas planteadas por las casas de estudios.