La noche del 17 de diciembre del año pasado quedó marcada como una de las más oscuras en el Complejo Fronterizo de Colchane. Allí, en medio del altiplano, donde cientos de migrantes esperan con frío, miedo y la incertidumbre de cruzar a Chile por pasos no habilitados, una mujer boliviana de 25 años sufrió un ataque que hoy remece a la justicia.
El responsable, según la investigación, no fue un desconocido en el camino ni un coyotero, sino un chileno de 21 años que ejercía funciones de monitor de primera respuesta en el dispositivo instalado por la Delegación del Tamarugal. Un funcionario que debía asistir a quienes llegaban agotados y vulnerables, pero que terminó abusando de su poder para violar a una mujer que solo buscaba un futuro al otro lado de la frontera.
El engaño y la amenaza
El fiscal Milton Torres relató en audiencia cómo el imputado, identificado con las iniciales S.M.C.C., aprovechó el temor de la víctima, retenida tras ser sorprendida en un cruce irregular. Fingiendo ser un funcionario policial, le advirtió que su situación era “grave” y que arriesgaba 90 días de cárcel. A renglón seguido, le insinuó que podía “ayudarla” si accedía a darle algo a cambio, pero no dinero: lo que exigía era sexo.
La mujer se negó. Suplicó. Dijo tener un hijo esperándola en Bolivia. Nada detuvo al agresor, que la condujo hasta una carpa del complejo y la violó.
Tras el ataque, la víctima fue dejada en un sector apartado desde donde logró escapar. Consiguió cruzar nuevamente a Bolivia y, con un coraje indescriptible, denunció lo sucedido.
El prontuario oculto
La investigación reveló que el imputado trabajaba a través de una empresa contratada por la Delegación Regional y la del Tamarugal, lo que le daba acceso directo a migrantes en situación irregular. Pero no era la primera vez que abusaba de su posición. En agosto pasado, ya había sido condenado por cohecho, tras ser sorprendido cobrando 50 mil pesos a otra mujer boliviana por un supuesto trámite.
Prisión preventiva
La Fiscalía del Tamarugal formalizó al ex funcionario por los delitos de violación y cohecho, solicitando su prisión preventiva. El Juzgado de Garantía acogió la petición y fijó un plazo de investigación de 150 días.
El caso destapó no solo la brutalidad del ataque, sino también las falencias de un sistema que permite que personas sin formación ni control riguroso accedan a quienes se encuentran en la frontera en condiciones de absoluta vulnerabilidad.
Una frontera herida
Colchane, epicentro de la crisis migratoria en el norte, ha sido escenario de dramas humanos de todo tipo: familias deshidratadas, niños perdidos en la pampa, adultos mayores que mueren intentando llegar a Chile. Pero ahora se suma una herida más: la traición desde adentro, cuando quienes debían proteger se convirtieron en verdugos.
La justicia deberá ahora determinar las responsabilidades y cerrar un caso que refleja con crudeza cómo el abuso de poder puede golpear con mayor fuerza allí donde la dignidad humana ya se encuentra en riesgo.
