La Fiscalía solicita 20 años de presidio contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, declarado culpable por malversación, falsificación y lavado de activos ligados a $146 millones de gastos reservados. Este lunes, el tribunal entregará la sentencia definitiva en un caso sin precedentes para la policía civil.
En Chile hay días que se sienten como un temblor sin movimiento. Este lunes será uno de ellos. A las 12:00 en punto, el país escuchará la sentencia que podría hundir para siempre al hombre que durante años encabezó la Policía de Investigaciones: Héctor Espinosa Valenzuela, hoy sin charreteras, sin mando, sin escoltas… y con la Fiscalía exigiendo 20 años de presidio.
Una cifra brutal, inédita, un golpe que podría convertirlo en el primer exdirector de la PDI condenado por corrupción a gran escala.
El antiguo jefe policial aguarda el fallo desde la celda silenciosa del Anexo Capitán Yáber, un lugar donde el eco de las llaves metálicas debe sonar distinto cuando cierran para quien alguna vez ordenó abrirlas.
Una investigación que comenzó como un murmullo y terminó como una demolición
Lo que hoy tiene al exdirector al borde de una sentencia histórica no empezó con sirenas ni allanamientos. Fue más bien un comentario suelto, una duda en un informe, una cifra que no calzaba.
Pero el rompecabezas empezó a encajar de la peor manera: gastos reservados que desaparecían, depósitos en efectivo que parecían salir de la nada y documentos que —según el tribunal— no solo estaban incompletos, sino alterados deliberadamente.
Años después, la investigación terminó describiendo algo más que un desorden interno: un mecanismo sistemático, repetido, meticuloso. El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal sentenció en su veredicto que Espinosa lideró un esquema construido para desviar y blanquear dinero público.
Los delitos acreditados son tres, pero pesan como una cadena entera:
- Malversación de caudales públicos
- Falsificación de instrumento público
- Lavado de activos
La suma desviada, según el tribunal: $146 millones provenientes de gastos reservados, fondos destinados —al menos en el papel— a operaciones de inteligencia, seguridad nacional y tareas estratégicas de la PDI.
La otra pieza del engranaje: su esposa
La caída de Espinosa no fue solitaria. En el camino judicial apareció otra figura clave: María Magdalena Neira, su esposa, declarada culpable por lavado de activos.
Los fiscales sostuvieron que parte del dinero malversado terminó en depósitos bancarios y compras efectuadas a su nombre.
Para ella la solicitud es clara: 541 días de presidio, además de sanciones económicas. Una condena que, aunque menor, deja en evidencia que el circuito del dinero no era unidireccional.
Capitán Yáber: donde espera quien antes dirigía
Desde el momento en que se dictó el veredicto condenatorio, Espinosa fue enviado a prisión preventiva. Su celda en Capitán Yáber es un recordatorio incómodo: allí han pasado figuras mediáticas, políticos, empresarios; un recinto diseñado para internos de “alta connotación pública”.
Pero hoy su inquilino más observado es el exjefe policial que alguna vez comandó operativos para desmantelar redes criminales y que ahora enfrenta la posibilidad de convertirse en el protagonista de una sentencia que reescribirá la historia institucional de la PDI.
Por qué la Fiscalía quiere 20 años: la tesis del castigo ejemplar
La solicitud del Ministerio Público no fue improvisada. El paquete de argumentos es contundente:
- Daño institucional profundo: los delitos se cometieron desde la cima de la policía civil.
- Abuso de poder: el cargo más alto de la PDI convertido —según la Fiscalía— en un vehículo para beneficio personal.
- Mecanismos refinados para esconder el dinero: depósitos en efectivo, documentos adulterados y triangulaciones que dificultaron seguir la ruta del dinero.
- Necesidad de una señal país: corrupción estatal significa traición a la fe pública, y los fiscales quieren que la pena lo refleje.
Veinte años no es solo una cifra: es la advertencia más dura que el Ministerio Público ha presentado en un caso policial de corrupción.
Este lunes: el momento que puede redefinir la credibilidad de una institución
El reloj judicial ya está corriendo.
Este lunes, cuando el tribunal lea la sentencia, no solo se sabrá cuántos años podría pasar Espinosa tras las rejas. Se sabrá también cuánto está dispuesto este país a tolerar —o castigar— los actos de corrupción desde el poder.
Dentro de la PDI, en el mundo político y en las oficinas del sistema judicial, todos estarán mirando.
Porque lo que ocurra este lunes no es solo el cierre de un caso: es un espejo.
Y en ese reflejo se verá la magnitud del costo que paga Chile cuando la autoridad se desbanda y los gastos reservados se convierten en botín personal.
La caída ya ocurrió.
Lo que falta por saber es cuánto durará la caída. Y eso se escribirá este lunes.
