El informe de la Contraloría reveló que los funcionarios públicos que salieron del país estando con reposo cayeron de casi 20 mil a poco más de 7 mil en el último año. Pese a la drástica baja general a nivel nacional, el organismo fiscalizador detectó a más de 500 trabajadores reincidentes y confirmó que las entidades ligadas a la educación local y el municipio ariqueño figuran entre las más golpeadas por las indagatorias.
Las fiscalizaciones masivas del ente contralor provocaron un impacto inmediato en el aparato estatal. Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 26 dado a conocer este viernes, los servidores públicos que salieron del país con licencia médica cayeron de 19.963 en 2023 y 19.597 en 2024 a un total de 7.207 personas en 2025.
La cifra representa un desplome del 63% en este tipo de conductas. Sin embargo, los datos de inteligencia de la Contraloría destaparon la persistencia de un núcleo duro de funcionarios que ignoraron las advertencias: 4.522 personas registraron viajes al extranjero con reposo médico en dos de los tres años revisados, mientras que 566 servidores públicos viajaron de forma ininterrumpida durante los tres períodos analizados.
El norte y la educación parvularia en la mira del ranking
Al mirar el desglose por instituciones, los servicios ligados a la educación de la primera infancia y entidades regionales del norte del país concentran los volúmenes más altos de irregularidades. La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) encabeza el listado nacional con 346 funcionarios identificados en esta condición, seguida muy de cerca por la Fundación Integra con 326 casos.
El plano local y regional no se queda atrás en las alertas del informe. El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro se ubicó en el tercer lugar del ranking nacional con 207 funcionarios, escoltado por la Municipalidad de Arica con 165 casos y el Servicio de Salud Magallanes con 162 servidores en la misma situación.
Viajes a conciencia pese a los sumarios abiertos
El rastreo detallado de los auditores reveló además que el conocimiento de las indagatorias no frenó a cientos de trabajadores. Un grupo de 1.299 servidores públicos cruzó la frontera estando con licencia médica después de que se hiciera pública la primera fiscalización masiva del organismo.
De ese grupo que viajó a sabiendas de las auditorías en curso, 320 personas ya habían sido detectadas en los controles de 2023 o 2024. Este comportamiento evidencia una reincidencia directa que llevó al ente fiscalizador a tomar medidas drásticas en el frente judicial y administrativo.
Mando de antecedentes al Ministerio Público y al CDE
Frente a la consolidación de estos datos, la Contraloría notificará de inmediato a cada repartición pública para que inicien los sumarios administrativos y procedimientos disciplinarios correspondientes. Los antecedentes también terminarán en las oficinas de la COMPIN, la Suseso, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para perseguir eventuales delitos o restituciones de fondos públicos.
Desde el organismo fiscalizador recalcaron que mantendrán los cruces de información periódicos con la Policía de Investigaciones y los servicios de salud, dejando en claro que los controles preventivos continuarán de manera permanente sobre todo el aparato del Estado.
