A través de un exhaustivo proceso de análisis de riesgo, la Aduana Metropolitana logró desbaratar dos operaciones de importación que pretendían ingresar al país mercancías subvaloradas utilizando documentación adulterada. El operativo, desarrollado en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, culminó con una querella por contrabando reiterado contra el representante legal de la empresa Xiyu Internacional SpA, tras incautar productos cuyo valor real supera los $86 millones.
Durante las fiscalizaciones, las unidades de inteligencia detectaron que el importador intentó engañar al sistema declarando montos significativamente menores a los reales. Tras el aforo físico de los cargamentos, se descubrieron miles de productos, incluyendo accesorios electrónicos y herramientas, que no correspondían a lo informado legalmente, evidenciando una estrategia sistemática para eludir el pago de tributos.
En ese sentido, Rodrigo Díaz, director regional de la Aduana Metropolitana, manifestó: “Este caso refleja el trabajo coordinado de nuestras distintas unidades. La alerta temprana generada por la Unidad de Inteligencia y Análisis, junto con la labor de fiscalizadores en terreno y el posterior trabajo del área jurídica, permitió levantar antecedentes sólidos y ejercer las acciones correspondientes”.
EL MODUS OPERANDI DEL ENGAÑO
La investigación reveló que en la primera operación se declararon más de 3.200 soportes de celular por menos de mil dólares, cuando el valor real ascendía a más de 54 mil dólares, con una evasión de tributos de 11 mil dólares. En un segundo cargamento de relojes inteligentes y baterías, el valor real detectado fue de 34 mil dólares, muy por encima de los 4.500 declarados inicialmente, eludiendo otros 7 mil dólares en impuestos.
El mecanismo detectado consistía en declarar valores inferiores y, una vez iniciada la revisión, presentar facturas modificadas y comprobantes de pago falsos para intentar justificar los montos. Ante la gravedad de los hechos, el Servicio Nacional de Aduanas procedió a la incautación total de los bienes, resguardando así la transparencia en las operaciones y la protección del comercio lícito en Chile.
PENAS DE CÁRCEL Y MULTAS MILLONARIAS
La acción judicial interpuesta por el departamento de Defensa Judicial busca sentar un precedente ante delitos de fraude aduanero. En la querella, actualmente en trámite, se solicita una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo para el responsable, además de una multa que supera los $431 millones, monto equivalente a cinco veces el valor de las mercancías incautadas.
Finalmente, desde la institución reafirmaron que continuarán fortaleciendo las capacidades de fiscalización para detectar este tipo de ilícitos que afectan el desarrollo económico del país. El director regional de Aduanas fue enfático en señalar que el trabajo coordinado permitió confirmar la existencia de subvaloración y documentación falaz, asegurando que se persiga con rigor a quienes intenten vulnerar el control fiscal.
