El sonido de un número que avanza lento en la pantalla de un banco, la espera interminable en una sala de hospital o la fila que serpentea en un servicio público. Escenarios cotidianos que, hasta ahora, parecían inevitables para cualquier ciudadano. Pero para quienes viven con discapacidad, esas horas de pie o en sillas incómodas han sido mucho más que una molestia: se convirtieron en un muro de desigualdad.
Ese muro comienza a derrumbarse. La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del Decreto Promulgatorio de la Ley N° 21.768, que establece atención preferente y oportuna para personas con discapacidad y también para sus cuidadores acreditados.
Lo que cambia desde ahora
Aprobada a inicios de septiembre en el Congreso, la nueva ley obliga a todas las instituciones públicas y privadas que atiendan público a dar prioridad a quienes presenten:
- Credencial o certificado de discapacidad vigente, otorgado por el Registro Civil.
- Certificado de cuidador o cuidadora inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad.
Esto significa que ya no será un gesto de buena voluntad o una cortesía ocasional: será un derecho exigible, respaldado por ley.
El fin de la espera injusta
La norma busca evitar que una persona con movilidad reducida deba aguantar horas en una fila para renovar un documento o que una madre cuidadora deba mendigar prioridad en una ventanilla. “La atención preferente es dignidad y respeto”, se escucha entre agrupaciones de personas con discapacidad, que celebraron la promulgación.
El incumplimiento no será un simple descuido: la ley señala que negar esta prioridad será considerado discriminación arbitraria, un acto que atenta contra el derecho fundamental a la igualdad.
Una conquista ciudadana
La aprobación de la Ley N° 21.768 fue rápida en el Congreso, pero responde a años de reclamos de familias y organizaciones que denunciaron la ausencia de un marco legal que asegurara este trato. Ahora, tanto en un banco como en una notaría, en un consultorio o en una multitienda, las personas con discapacidad podrán exigir su derecho a ser atendidas sin barreras ni excusas.
Más que una ley, un cambio cultural
Para especialistas en inclusión, la nueva normativa marca un hito. No solo porque garantiza prioridad en la atención, sino porque obliga a instituciones públicas y privadas a revisar sus prácticas y protocolos. Ya no bastará con poner un cartel de “preferencia” en la pared: la ley demanda cumplimiento efectivo y sanciona la omisión.
Una nueva fila comienza
La entrada en vigor de esta ley no es un punto final, sino un punto de partida. Un país más inclusivo no se construye solo con decretos, pero este paso legal abre una grieta en la indiferencia cotidiana.
La próxima vez que alguien con discapacidad llegue a una ventanilla y sea atendido primero, no será un favor: será la expresión concreta de que la dignidad no puede seguir esperando su turno.
