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TRIBUNAL DE IQUIQUE CONFIRMA SANCIÓN DE 60 UTM A SODEXO POR NO ENVIAR UNA DENUNCIA POR LEY KARIN A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

El Juzgado de Letras del Trabajo rechazó el reclamo de la empresa tras comprobar que retuvo por más de 80 días una acusación de acoso laboral contra un gerente. El tribunal fue categórico al establecer que los empleadores no tienen facultades para filtrar ni investigar internamente este tipo de casos.

Las empresas no pueden hacer de filtro ni investigar internamente cuando las denuncias bajo la Ley Karin apuntan contra sus propios jefes. Con ese criterio categórico, el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique confirmó una multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) contra Sodexo Chile SpA, luego de que la compañía omitiera remitir a la Inspección del Trabajo una denuncia por acoso laboral presentada por un trabajador en contra de un gerente.

En la sentencia correspondiente a la causa rol 77-2025, el magistrado David Sepúlveda Cid acogió solo de manera parcial la reclamación presentada por la firma, manteniendo a firme la sanción por incumplir los plazos legales de derivación establecidos en la Ley N°21.643.

Las empresas no tienen facultades para filtrar denuncias

Durante el juicio quedó al descubierto que la empresa, asesorada por su propia área legal, decidió retener el escrito y gestionarlo por dentro en lugar de enviarlo a la autoridad laboral en el plazo obligatorio de tres días. El tribunal fue tajante al frenar esa práctica.

«El empleador no cuenta con facultades para realizar una especie de examen de admisibilidad o de mérito de ella —sea acerca de si los hechos constituyen o no acoso laboral, sea acerca de la calidad de víctima o la legitimación de quien la formula— como condición para cumplir con su deber de remitirla», establece la resolución.

El magistrado recordó que decidir si se da curso o no a una denuncia corresponde exclusivamente a la Dirección del Trabajo, organismo que evalúa los criterios para tramitar estos casos según su normativa vigente.

La sentencia subraya que la infracción se configura por la sola omisión de remitir la denuncia dentro del plazo, sin importar cómo se califiquen los hechos más adelante. Retener un caso que apunta contra quien ejerce funciones de dirección o administración es, precisamente, la conducta que la Ley Karin busca erradicar, dada la posición de poder que ocupa el denunciado dentro de la misma organización.

Más de 80 días de silencio y una decisión deliberada

Sodexo Chile intentó, de manera subsidiaria, que el tribunal rebajara el monto de las 60 UTM argumentando que había entregado medidas de resguardo, atención psicológica temprana y acuerdos de mediación al trabajador. El juez desechó de plano la solicitud.

El fallo detalla varios puntos que agravaron la falta de la compañía:

  • Omisión prolongada: No se trató de un simple atraso, sino de una retención total que superó los ochenta días hasta la fecha de la fiscalización, sin que la denuncia fuera enviada jamás a la autoridad, incluso después de un requerimiento expreso de una fiscalizadora en julio de 2025.
  • Blindaje al ejecutivo: Los hechos denunciados recaían sobre el máximo ejecutivo del contrato, a quien la empresa no podía investigar por sí misma, privando al afectado de que su caso fuera conocido desde el inicio por la autoridad competente.
  • Cálculo legal, no un error: El tribunal recalcó que ocultar la denuncia fue el resultado de una decisión deliberada de la empresa, adoptada con asesoría de su área legal, y no una equivocación excusable.
  • Medidas insuficientes: El magistrado aclaró que las medidas de resguardo o acuerdos posteriores no reemplazan la obligación legal de derivar los antecedentes, por lo que no existen motivos para rebajar ni un peso de la multa fijada.

El único punto a favor de la compañía

No todo fue derrota para la empresa de servicios. El tribunal sí acogió el reclamo respecto a una segunda multa —también por 60 UTM— que la Inspección del Trabajo le había cursado por supuestamente no informar cada seis meses a sus trabajadores sobre los canales internos y estatales para denunciar acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo.

Al revisar las pruebas, el magistrado comprobó un error de hecho en la fiscalización. Respecto del primer semestre, la empresa sí entregó la información y así lo verificó la propia fiscalizadora, mientras que para el segundo semestre aún no vencía el plazo legal para cumplir con esa difusión.

Por esa razón, la sentencia dejó sin efecto la segunda sanción de la Resolución de Multa N°1482/25/41, pero dejó intacto el castigo principal de 60 UTM y rechazó cualquier rebaja en su cuantía, marcando un precedente claro sobre el cumplimiento estricto de la Ley Karin en la región de Tarapacá.

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