Tras una audiencia que se extendió por cerca de 12 horas, el Juzgado de Garantía de Arica rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra ocho imputados por delitos de corrupción pública al interior de la Seremi de Bienes Nacionales.
El tribunal solo dio por acreditados los delitos de cohecho y soborno, pero no consideró probada la existencia de asociación ilícita, lo que llevó a descartar la medida cautelar de mayor gravedad solicitada por el Ministerio Público.
En su lugar, se decretaron medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para los imputados, quienes fueron detenidos el pasado jueves.
El defensor penal público Rodrigo Torres señaló que «no hay antecedentes para acreditar asociación ilícita ni el cohecho. No hay delito en definitiva«, reafirmando la inocencia de los acusados.
Por su parte, la fiscal Paulina Brito Doerr indicó que el Ministerio Público evaluará apelar ante la Corte de Apelaciones, buscando revertir la resolución. Además, sostuvo que «mostramos pruebas documentales y escuchas telefónicas durante dos años«, las que demostrarían presuntas relaciones entre funcionarios y particulares para facilitar arrendamientos, uso de bienes fiscales e incluso acceso a información privilegiada.
