TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECHAZA TRÁMITE DE REQUERIMIENTO POR ZONA FRANCA
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que buscaba impugnar diversas normas regulatorias del régimen de Zona Franca. La acción legal fue presentada por una imputada en una causa penal por presuntos delitos tributarios tramitada en Punta Arenas. El recurso apuntaba a frenar la aplicación de preceptos del DFL N°2 de 2001 y del Decreto Ley N°825, vinculados a operaciones de venta de vehículos en dicho territorio franco.
La parte requirente argumentó que los preceptos legales vulneraban garantías clave como el principio de legalidad penal, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. Según la defensa, la determinación de la eventual obligación tributaria y su posterior persecución penal dependían de interpretaciones administrativas y no de un marco legal claro, generando una abierta indefensión y un trato diferenciado injustificado respecto a los concesionarios del sistema.
FALLO SE FUNDAMENTA EN FALTA DE PRECISIÓN LEGAL
Pese a los alegatos, el tribunal resolvió no acoger a trámite la solicitud y tenerla por no presentada para todos los efectos legales. La resolución de la Magistratura estableció de forma categórica que la requirente no aclaró ni identificó con precisión las unidades normativas específicas cuya inaplicabilidad pretendía, incumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por la Carta Magna para activar la competencia del órgano constitucional.
Al no subsanarse las deficiencias técnicas dentro del plazo, la Segunda Sala hizo efectivo el apercibimiento legal y ordenó el archivo definitivo de los antecedentes. Con este dictamen, el procedimiento penal por presuntos delitos tributarios en la venta de vehículos continuará su curso habitual ante la justicia ordinaria sin modificaciones en el marco normativo aplicable.
