En una sesión marcada por fuertes cuestionamientos, los concejales interpelaron al alcalde Iván Infante sobre el cumplimiento de las instrucciones de la Contraloría General de la República respecto a la destitución de funcionarios y el uso de recursos públicos.
Una sesión marcada por la fiscalización y los duros emplazamientos se vivió en la Sesión Ordinaria de Concejo Número 11, celebrada este miércoles 15 de abri en la Municipalidad de Pica. Durante la sesión, los concejales Juan Barros y Patricio Vargas lideraron una serie de consultas críticas dirigidas al alcalde Iván Infante Chacón, centradas en la demora de los procesos disciplinarios y las resoluciones ordenadas por la Contraloría General de la República (CGR).
El punto de mayor fricción surgió cuando los ediles consultaron por el estado de los sumarios administrativos que involucran a funcionarios con parentesco directo con el edil, además de casos de mal uso de licencias médicas y recursos públicos que ya cuentan con pronunciamientos del ente contralor.
La defensa del alcalde: «Hay cosas que se deben mantener en reserva»
Ante la presión de los concejales, el alcalde Infante salió al paso defendiendo la confidencialidad de los procesos. “Hay cosas que uno tiene que mantener en reserva porque están en un proceso. Esos son procesos que se están haciendo en los sumarios y ahí después va a salir la resolución”, afirmó la máxima autoridad comunal.
El edil reconoció que existen casos críticos donde se contempla la destitución de funcionarios por el uso indebido de recursos públicos y licencias médicas reiteradas. Sin embargo, Infante lanzó un duro contraataque hacia el cuerpo de concejales, acusando «techo de vidrio» en algunos de ellos. “Hay casos hasta de concejales que han construido en lugares que no corresponden… tiran la piedra, pero no se dan cuenta de que están en unos tremendos errores”, sentenció el alcalde, elevando el tono de la discusión.
Contraloría y los plazos administrativos
La discusión también contó con la intervención del equipo jurídico municipal, que intentó aplacar las críticas sobre una supuesta «lentitud» en acatar las órdenes de la Contraloría. Según la asesora jurídica de la municipalidad, la institución está dando cumplimiento cabal a lo instruido por la CGR, pero enfatizó que no existen plazos perentorios en algunos requerimientos.
“La Contraloría tampoco nos puso un plazo. Si usted lee, no hay un plazo, porque tenemos que dar cumplimiento a los procedimientos y actos administrativos”, explicó la profesional, descartando que el municipio esté intentando esconder información o cometer irregularidades. La defensa municipal se centró en que, al tratarse de una entidad pública, deben respetarse las notificaciones y los derechos de las personas sumariadas antes de hacer públicas las sanciones.
El rol fiscalizador del Concejo
Pese a las explicaciones, los concejales insistieron en que la falta de resultados concretos genera una sensación de impunidad en la comuna, especialmente en casos donde el parentesco con el alcalde es un factor público conocido. Los ediles subrayaron que su labor es resguardar el patrimonio municipal y asegurar que las instrucciones de la Contraloría no queden en «letra muerta».
La sesión finalizó sin una fecha exacta para la entrega de los resultados finales de los sumarios, pero con el compromiso del Concejo de seguir vigilando de cerca cada uno de los expedientes que hoy mantienen en vilo la transparencia de la gestión en Pica.
