El joven identificado con las iniciales B.A.S.G., de 21 años, fue detenido este miércoles por carabineros tras participar en un homicidio frustrado contra personal policial durante el desalojo de una sección de la megatoma de San Antonio. El procedimiento reveló que el imputado figura en el listado oficial de beneficiarios de pensiones de gracia por el estallido social desde septiembre de 2022. La situación ha generado una profunda controversia, ya que el sujeto fue sorprendido con armamento y municiones mientras mantiene un beneficio estatal activo por lesiones gravísimas.
En ese sentido, el joven aparece en el registro bajo la administración del Gobierno de Gabriel Boric, con un monto asignado equivalente a $515.672 mensuales. Según los criterios de seguridad del Ejecutivo, esta categoría se otorga a quienes sufrieron daños severos como trauma ocular o lesiones irreversibles en 2019. Sin embargo, su participación en el ataque armado contra la fuerza pública en la Región de Valparaíso puso en tela de juicio la continuidad de estos aportes para personas involucradas en delitos de alta gravedad.
Debido a ello, Víctor Ramos, subsecretario del Interior, sostuvo que, a pesar de estar acreditado en el sistema, el imputado no habría cobrado los fondos hasta la fecha por falta de ubicación. “Efectivamente estaba dentro del listado de las personas susceptibles de recibir una pensión, pero entendemos que no ha recibido la pensión en ningún caso. El sujeto no habría sido encontrado, por lo cual nunca supo ni hizo cobro del beneficio”, precisó la autoridad para aclarar la polémica.
El operativo policial terminó además con la captura de otros cinco involucrados, tres adultos y dos menores de 15 y 16 años. Los adultos pasaron a control de detención por su responsabilidad en los incidentes violentos registrados para evitar el desalojo del asentamiento irregular. El Gobierno reafirmó que la comisión de delitos graves debe ser un factor de exclusión para mantener beneficios de reparación del Estado.
Además, el subsecretario puntualizó que la justicia debe actuar con rigor frente a la incompatibilidad de recibir apoyo estatal y delinquir. “Es importante separar las cosas. Los daños a cualquier víctima de trauma ocular deben tener un trato especial, pero es incompatible que cualquier persona pueda estar cometiendo un delito o condenada frente a la justicia, y que siga recibiendo esto”, concluyó el personero respecto al futuro administrativo del beneficio de Serrano Godoy.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
