La Fiscalía de Alto Hospicio logró la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre de nacionalidad colombiana y 30 años, formalizado por los delitos de amenazas y desacato en contexto de violencia intrafamiliar. El sujeto fue detenido por Carabineros tras irrumpir en el domicilio de su expareja, vulnerando una orden judicial vigente que le prohibía aproximarse a la afectada.
El hecho se registró durante la tarde del pasado fin de semana en el sector de las tomas de El Boro, lugar hasta donde llegó el imputado con el pretexto de retirar pertenencias. Al interior del inmueble, el agresor se negó a retirarse y procedió a amedrentar a su exconviviente asegurándole que iba a quemar la vivienda, bajo el argumento de que, si él no residía en el lugar, nadie más lo haría.
Aprovechando que la víctima salió a pedir auxilio, el individuo continuó con las intimidaciones en contra de los hijos de la afectada, de 12 y 15 años, advirtiéndoles que los golpearía si no fueran menores de edad. Cabe destacar que el sujeto ya arrastraba una condena dictada en abril de este año por amenazas contra la misma mujer, la cual lo obligaba a abandonar el hogar común y mantener distancia por el periodo de un año.
El fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, detalló que «con los delitos de desacato y amenazas en un contexto de violencia intrafamiliar, fue formalizado un sujeto de nacionalidad colombiana de 30 años, quien durante horas del fin de semana llegó hasta el inmueble de su exconviviente y de sus hijos, ingresando al mismo, procediendo a proferir insultos y amenazas, tanto de muerte como de agresión en contra de su grupo familiar».
RIESGO FAMILIAR
La irrupción del imputado requirió la presencia inmediata de la fuerza policial en el sector alto de la comuna. El persecutor de la comuna, Guillermo Arriaza, especificó que «aquello requirió la presencia personal de carabineros en el lugar, quienes al llegar constataron que el imputado había ingresado al inmueble, vulnerando parte de una sentencia condenatoria dictada en el mes de abril, que le impedía acercarse a dicho inmueble y le imponía además la obligación de hacer abandono de él mismo».
Debido al violento historial del agresor, el Ministerio Público solicitó la máxima restricción de libertad en la audiencia respectiva. El líder del órgano persecutor, Guillermo Arriaza, argumentó que «una vez presentado a control de detención, el Ministerio Público requirió la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado constituye un riesgo para la seguridad de las víctimas».
Finalmente, el Tribunal de Garantía compartió los argumentos presentados por la persecución penal para resguardar a los afectados. El representante de la Fiscalía, Guillermo Arriaza, finalizó indicando que el juzgado terminó «acogiendo nuestro planteamiento el Tribunal de Garantía y decretándonos la medida cautelar ya referida, fijándonos un plazo de investigación de 60 días«.
