La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto constitucional del Gobierno que buscaba extender hasta por 180 días el plazo de detención para concretar expulsiones administrativas. La votación se cerró con 88 respaldos a favor —de los 89 requeridos—, en una jornada cruzada por parlamentarios de viaje en Nueva York, licencias médicas no tramitadas a tiempo y abstenciones de última hora.
La sesión en la Sala del Congreso terminó con un trago amargo para La Moneda. El Gobierno necesitaba 89 votos favorables para alcanzar el estricto quórum de cuatro séptimos que exige una reforma de esta magnitud, pero el marcador final quedó congelado en 88 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
La iniciativa buscaba terminar con el ajustado límite actual de cinco días para ejecutar una orden de expulsión, ampliando el periodo inicial de retención entre 5 y 60 días, con opción de renovarlo hasta llegar a 180 días.
El texto le abría además la puerta al Ejecutivo para presentar un proyecto posterior que permitiera crear y operar recintos especiales de privación de libertad, diseñados exclusivamente para albergar a personas sujetas a estos procesos de expulsión.
Viajes a EE.UU. y licencias sin tramitar: el descalabro de los permisos en la Sala
El resultado encendió de inmediato los recriminaciones en los pasillos de la Cámara. Con una diferencia tan estrecha, las inasistencias en la votación terminaron jugando un rol determinante en el fracaso de la ley.
La ausencia de los diputados Guillermo Ramírez, Felipe Ross y Stephan Schubert —quienes integran la comitiva del Presidente José Antonio Kast en Estados Unidos— restó apoyos clave que no alcanzaron a compensarse.
A ese escenario se sumaron las licencias médicas de las parlamentarias Marlene Pérez y Francesca Muñoz.
La molestia en el hemiciclo escaló porque los permisos constitucionales de los diputados ausentes no se tramitaron con la anticipación requerida; si se hubiesen ingresado a tiempo, habrían reducido el quórum mínimo necesario y la reforma habría visto luz verde.
Para rematar el cuadro, los diputados del Partido de la Gente (PDG), con quienes el Gobierno mantuvo tratativas directas hasta el último minuto para amarrar los respaldos, dieron el timonazo y optaron por abstenerse en el hito decisivo.
«Se hace el trabajo, pero al votar algunos cambian»: el descargo de Segpres
Desde el Ejecutivo, el golpe legislativo obligó a dar explicaciones públicas sobre la falta de alineación en el hemiciclo. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, salió al paso de las críticas por el fallido despliegue.
«La información que yo tengo es que algunos votos que estaban comprometidos finalmente no estuvieron», reconoció el titular de la Segpres tras confirmarse el rechazo.
García Ruminot defendió las negociaciones previas, aunque asumió la fragilidad con la que se cierran este tipo de acuerdos en el Congreso.
«Ese trabajo se hace, se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que no están en la Sala o simplemente cambian su voto. Siempre estamos revisando nuestro trabajo y viendo cómo mejorarlo», agregó el ministro.
El salvavidas de la insistencia: el camino que le queda al Ejecutivo en el Senado
Bajo las reglas generales del proceso legislativo, cuando un proyecto se rechaza en la Cámara de origen queda archivado por un periodo de un año, impidiendo debatir cualquier propuesta similar sobre plazos de expulsión.
Al tratarse de una iniciativa impulsada directamente por el Presidente de la República, el artículo 68 de la Ley Orgánica del Congreso le permite a La Moneda recurrir a la figura de la insistencia.
Esta herramienta faculta al Gobierno a acudir al Senado para solicitar que se reabra el debate. Sin embargo, para activar este mecanismo necesita el respaldo de dos tercios de los senadores, una valla extremadamente alta que obligará al Ejecutivo a negociar de entrada con la oposición si quiere rescatar la reforma.
