Con tres votos en contra, una abstención y solo un voto a favor, la instancia parlamentaria desestimó el juicio político contra la exautoridad. Un contundente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el desmarque clave de la Democracia Cristiana terminaron por sepultar los argumentos de la moción que se votará este martes en el Congreso.
El panorama legislativo sumó un nuevo capítulo de alta tensión política en el Congreso Nacional. La comisión revisora rechazó de manera categórica la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Economía, Nicolás Grau, propinándole un duro golpe a los sectores del oficialismo que impulsaban el libelo. De esta forma, la iniciativa de juicio político avanzará hacia la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para su votación este martes, pero lo hará arrastrando un informe técnico completamente negativo.
El resultado de la votación interna de la instancia dejó en evidencia la falta de consenso en torno a los argumentos jurídicos de la presentación. La acción constitucional fue desestimada con tres votos en contra emitidos por los diputados Alejandro Bernales (PL), Marcela Hernando (PR) y Carlos Bianchi (IND-PPD); una abstención de la parlamentaria Joanna Pérez (Demócratas) y un único voto a favor por parte del diputado Luis Sánchez (Republicanos).
El «salvavidas» técnico del Consejo Fiscal Autónomo
El destino de la votación —y un factor que se anticipa clave para congregar el rechazo de bancadas bisagra como el PDG y parlamentarios independientes— quedó prácticamente sellado tras conocerse el último informe semestral del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), publicado este mismo lunes. La revisión técnica del organismo desactivó los principales pilares económicos en los que se fundaba la acusación de la oposición.
“El análisis efectuado por el CFA no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas (…): los cuadros de fuentes y usos de financiamiento son internamente consistentes y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables”, explicitó el documento oficial, descartando un error contable o una «falta de cuadratura».
El CFA precisó que, más allá de un dolo administrativo, lo observado en el Informe de Finanzas Públicas correspondió a una proyección que incorporó supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados, cuya aplicación práctica correspondería a la administración siguiente. Si bien el organismo advirtió que la falta de detalle en estos supuestos dificulta evaluaciones posteriores, el informe técnico restó cualquier fundamento de ilegalidad o abandono de deberes imputable al exsecretario de Estado.
La Democracia Cristiana se desmarca y sepulta el libelo
De forma paralela al flanco técnico, el blindaje político de Grau se consolidó en los pasillos de Valparaíso. La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) anunció oficialmente que votará en contra de la acusación constitucional en la Sala, restándole al bloque acusador los votos clave que requería para hacer avanzar el documento hacia el Senado.
El jefe de la bancada falangista, el diputado Jorge Díaz, fue el encargado de oficializar la postura tras analizar el texto acusatorio. “Habiendo leído en rigor el nivel de la acusación constitucional, no existen méritos suficientes ni legales ni tampoco el mérito propio de los aspectos de Hacienda que impliquen avanzar y prosperar en apoyar este tipo de indicaciones”, recalcó el parlamentario.
Díaz fue enfático en recordar los estándares mínimos para activar este tipo de herramientas de fiscalización parlamentaria en el país. “La acusación constitucional es un mecanismo que se establece como de última ratio, o sea, siendo el último posible de exigir frente a situaciones irregulares en la administración pública. A juicio de esta bancada no existen esos méritos suficientes”, sentenció, anticipando una jornada de votación en Sala donde el oficialismo enfrentará un escenario de derrota casi inminente.
