RETORNOS QUE SE CONVIERTEN EN PESADILLAS: VENEZOLANOS QUE REGRESAN DESDE CHILE ENFRENTAN DETENCIONES Y ACUSACIONES EN SU PROPIO PAÍS
Familias venezolanas denuncian que ciudadanos que regresan a Venezuela desde Chile y otros países están siendo detenidos en la frontera, incomunicados y acusados de delitos como traición a la patria, en un contexto marcado por expulsiones migratorias desde Chile y un deterioro sostenido de las garantías de derechos humanos en Venezuela.
Cuando un migrante decide volver a Venezuela tras años fuera, imagina el abrazo de sus seres queridos antes que los barrotes de una celda. Sin embargo, relatos que emergen desde la frontera con Colombia y denuncias compartidas por familiares desde Chile revelan un fenómeno inquietante: venezolanos que regresan al país desde Chile están siendo detenidos, acusados de delitos graves —incluso de traición a la patria— y mantenidos incomunicados de sus familias, sin que los gobiernos ni las autoridades brinden claridad sobre su destino.
Esta historia no es un simple giro más de la crisis migratoria que sacude a América Latina; es un espejo roto que refleja tensiones geopolíticas, políticas migratorias cada vez más duras y una realidad venezolana donde la represión estatal se superpone al retorno esperado de sus propios ciudadanos.
El retorno que no fue un regreso
Varias familias venezolanas, cuyos parientes abandonaron el país y luego se dirigieron a Chile en busca de oportunidades, han denunciado que sus seres queridos fueron detenidos al cruzar la frontera. Según testimonios recogidos, muchos retornantes solo querían sellar sus pasaportes o gestionar documentación, cuando fuerzas de seguridad venezolanas los arrestaron, dejaron sin información y bajo cargos que los familiares consideran falsos.
Un caso descrito por una familia desde Chile relata cómo un joven llegó a la frontera en Cúcuta con la intención de regresar a Venezuela; tras sellar su pasaporte, lo único que supieron después fue que estaba “detenido” en algún lugar, sin detalles sobre los cargos ni acceso a comunicación con su familia.
La denuncia coincide con informes de organismos internacionalmente reconocidos que documentan detenciones arbitrarias, inhabilitación de defensores de derechos humanos y uso de figuras legales como el supuesto terrorismo o traición para procesar a ciudadanos en Venezuela. Organizaciones como Human Rights Watch han detallado casos donde personas han sido detenidas sin acceso pleno a defensa legal, retención en centros como El Helicoide y tribunales sin independencia real, con procesos que vulneran derechos fundamentales.
Un contexto de derechos humanos alarmante
El escenario de detenciones en Venezuela no es un tabique aislado: informes de Amnistía Internacional y otros observadores de derechos humanos señalan que más de 800 personas permanecen arbitrariamente detenidas por motivos políticos o vinculados a su activismo, muchas de ellas sin acceso a visitas familiares o representación legal independiente.
Además, la práctica de desapariciones forzadas, negación de habeas corpus y uso de tribunales especiales contra supuestos “terroristas” han sido documentadas como parte de un patrón sistemático de intimidación estatal.
Si bien gran parte de la atención internacional se ha concentrado en la masiva diáspora venezolana —que según la ONU supera los siete millones de personas—, menos se sabe del tratamiento que reciben quienes regresan voluntariamente o por expulsión desde países como Chile, Perú o Estados Unidos, un fenómeno que ahora empieza a revelar una cara oscura.
Chile: expulsiones, acuerdos rotos y un retorno no deseado
Chile ha estado en el centro de la crisis migratoria regional, siendo uno de los países que más venezolanos ha recibido en Sudamérica. Sin embargo, con el endurecimiento de las políticas migratorias, el gobierno chileno ha impulsado procesos de expulsión de ciudadanos en situación irregular, incluyendo a venezolanos que no tenían residencia regular.
La aplicación de expulsiones ha estado marcada por obstáculos diplomáticos y operativos, ya que Venezuela no siempre autoriza la llegada de vuelos con expulsados, complicando la ejecución efectiva de las políticas migratorias chilenas.
Este tira y afloja genera un fenómeno donde algunos migrantes terminan varados en fronteras o en rutas peligrosas, y otros que deciden voluntariamente regresar enfrentan luego una realidad que pocos imaginaron: ser tratados como sospechosos por su propio Estado.
El surgimiento de discursos extremos
El problema no es solo burocrático. En Venezuela, la criminalización de retornados a menudo se enmarca dentro de narrativas oficiales que perciben a migrantes y opositores como amenazas al orden político. Figuras públicas han sido detenidas bajo cargos que van desde conspiración hasta terrorismo, incluso sin pruebas claras, como documentan defensores de derechos humanos.
Además, la recepción política de líderes opositores, como María Corina Machado —quien ha pedido respeto y espacios de acogida para venezolanos en el extranjero— subraya las divisiones internas en torno a la diáspora y su retorno. Su llamado a países como Chile para mantener “espacios de respeto y bienvenida” surge en medio de tensiones por políticas migratorias más duras.
Un futuro incierto: entre leyes migratorias y derechos humanos
El fenómeno expone un choque entre el derecho de los venezolanos a regresar a su país y la realidad de un Estado que los percibe —y trata— como riesgos políticos o judiciales. Las políticas migratorias chilenas, diseñadas para gestionar flujos crecientes, coexisten con una realidad venezolana donde las garantías de proceso justo, transparencia judicial y respeto completo de derechos humanos están ampliamente cuestionadas por organizaciones internacionales.
Para las familias que esperan noticias de sus seres queridos detenidos tras regresar, no hay cifras oficiales, ni listas transparentes de detenidos, ni certeza de cuándo podrán abrazar de nuevo a quienes solo intentaron volver a casa. Y mientras tanto, cada deportación, cada retorno y cada detención añade una nueva página a una crisis humana compleja que desafía la compasión, el derecho internacional y las propias políticas de soberanía de los Estados involucrados.
