La mañana de este jueves Policías de Investigaciones (PDI) inicio a un procedimiento de allanamiento de los servicios regionales ministeriales de la Secretaría de Vivienda, es decir, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El operativo se realizó de manera simultaneo en ocho regiones del país en respuesta a las investigaciones del bullado “Caso Convenios”.
Funcionarios de la Fiscalía, en conjunto con las policías, coordinadamente, hicieron ingreso a las dependencias de las Seremis de la región Metropolitana, Valparaíso, Atacama, Tarapacá, La Serena y Coquimbo, Arica y Parinacota, Araucanía y la región de Los Ríos.
El operativo se dio bajo el contexto de las investigaciones que se están desarrollando con el caso Convenios, donde, además, se está indagando al psiquiatra Alberto Larraín, de Procultura.
En base a ello, el Fiscal de Iquique, Eduardo Ríos, quién es el que está cargo de esta investigación a nivel nacional, comentó en una entrevista con Vilas Radio que, “después de hacer una recapitulación en el caso de fundaciones, son dos en las cuales iniciamos la investigación en el mes de agosto del año 2023. La fundación ‘Enlace Urbano’ y ‘EnRed Social’. Desde aquel momento hemos estado realizando una serie de diligencias en nuestra comuna Iquique. Sin embargo, a partir del mes de diciembre, el Fiscal Nacional nos entregó la responsabilidad para que continuáramos a nivel nacional la investigación de ambas fundaciones, lo cual implicaba involucrar a nueve regiones”.
“El día de hoy se van a hacer dos diligencias en ocho regiones del país de manera simultánea, con la Policía de Investigaciones y un equipo multidisciplinario, lo cual tiene que ver con el ingreso a la Seremía Minvu y al SERVIU con el objetivo de ubicar información relevante para estos casos. Hay que establecer toda la línea documental y antecedentes administrativos de los procesos de asignación de convenios de ambos casos”, complementó el Fiscal.
Por último, Eduardo Ríos, aclaró que “en este caso aún no hay formalizados, está es una investigación que cubre 9 regiones, con un monto de 3.500 millones de pesos en términos de convenio. Esto requiere de una gran cantidad de información documental que está siendo aún procesada e incautada en el día de hoy, lo que nos viene a aumentar la cantidad de información de manera que cuando todo esté procesado tendremos que tomar las decisiones jurídicas respectivas”.
Cabe destacar que este es un procedimiento que también se adoptó el año pasado, a comienzos de diciembre, donde funcionarios de la Bridec llegaron hasta el edificio Centenario. Esto, bajo una orden emanada por parte de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional.
