PROYECTO DE LEY BUSCA REGULARIZAR MÁS DE 500 MIL AUTOS CHUTOS EN BOLIVIA
El diputado boliviano Reinaldo Seas presentó este 1 de mayo de 2026 ante la Asamblea Legislativa un polémico proyecto de ley para regularizar de forma extraordinaria más de 500 mil «autos chutos» indocumentados, buscando formalizar el parque automotor y recaudar fondos para obras viales en las alcaldías, desatando un inmediato conflicto nacional con el sector empresarial.
El diputado de la alianza Libre, Reinaldo Seas, detalló que impulsó una «legalización, regularización y nacionalización de los vehículos. Y hemos acudido a hacer un proyecto de ley de legalización, regularización y nacionalización de los vehículos y de las maquinarias agrícolas en el país que sobrepasan los 500 mil vehículos en todo el territorio nacional que va a generar un ingreso aproximado de 6 mil millones de dólares. Entonces con eso creemos que 50% va a ir a las carreteras y 50% a los municipios a través de la UPRES».
FILTROS Y EVALUACIÓN
La iniciativa plantea un proceso excepcional exclusivo para máquinas internadas que no arrastren requerimientos criminales vigentes en la región.
El parlamentario oficialista, Reinaldo Seas, especificó que «estamos hablando de los denominados autos chutos, ¿no? Sí, de los denominados autos chutos que en su mayoría han ingresado con expedición, que tienen algunos requisitos, que son requisitos que en la anterior nacionalización fueron parte de lo que se exigió para la nacionalización”.
Así también el parlamentario añadió que “nosotros consideramos que es una medida acertada, más allá de que se sospecha que hay algunos vehículos robados, pero esos no van a entrar a la nacionalización, solo van a entrar los vehículos que no tengan denuncias, que no tengan denuncias en disprove, que no tengan denuncias en los vecinos países de robo y sobre todo van a entrar los vehículos que han ingresado al país hasta el 1 de mayo del 2026«.
El diseño técnico de control, basado en el histórico perdonazo del año 2011, quedará sujeto a filtros aduaneros.
El autor de la propuesta de ley, Reinaldo Seas, concluyó explicando que «los parámetros los regula después de la ley, los regula la aduana nacional junto con el Ministerio de Economía y Finanza y en el tema de la reglamentación de la ley. Pero seguramente se van a seguir los mismos pasos que se hicieron en la anterior nacionalización que fue en 2011, que entraron a nacionalizarse los vehículos que entraron con una cierta fecha al país, que tenían algunos documentos como la reexpedición, que no tenían denuncias por robo y que aparte no eran remarcados».
Desde el Ejecutivo, el gobierno mantendrá un diagnóstico técnico y político antes de tomar cualquier determinación sobre la amnistía. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que «todo es posible, hay que sentarse en mesas y, si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis«.
RECHAZO RADICAL
La propuesta de regularizar mercancía de contrabando detonó una respuesta unánime del sector automotor organizado por supuestas operaciones ilícitas encubiertas.
El expresidente de la CAB, Erick Saavedra, aseveró que «tenemos un sector formal en la economía y no podemos pensar que una propuesta como esta sea viable. No son solamente vehículos comunes; detrás de este negocio también hay motorizados de lujo y operaciones vinculadas al lavado de dinero. Querer legalizar esto es inaceptable«.
La cúpula empresarial alertó que la amnistía desalienta la inversión privada y desprotege a los contribuyentes legales.
El actual presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, sostuvo que «se estaría premiando una serie de delitos, porque detrás de un vehículo indocumentado hay tráfico, hay sangre, hay mafia. ¿Quién va a querer invertir en un país que legaliza el contrabando y el narcotráfico? Sería una burla para quienes hemos pagado todos los impuestos y cumplimos la ley».
En la arena política, la oposición denunció un quiebre institucional que debilita gravemente el Estado de derecho. El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, remató manifestando que «no podemos legalizar el delito ni seguir fomentando la cultura de la ilegalidad. Si el mensaje es que quien incumple la ley termina siendo premiado, Bolivia no tendrá futuro«.
