El detenido en Iquique es sindicado como una pieza clave en la fase extorsiva del secuestro, en una causa que suma pagos superiores a $50 millones y que permanecerá bajo investigación durante 120 días para determinar la eventual participación de más implicados.
En una audiencia marcada por la exposición de nuevos antecedentes, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de cuatro imputados por su presunta participación en el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera Fierro, de 84 años, ocurrido el pasado 21 de abril en la comuna de San Miguel.
El tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público, que formalizó a los detenidos por el delito de secuestro extorsivo, estableciendo además un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
Capturas escalonadas y despliegue investigativo
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la detención de los implicados se concretó en distintas fases. El 25 de abril fueron arrestados los primeros dos sospechosos: un ciudadano venezolano de 31 años y un chileno de 40, este último quien posteriormente colaboró con información relevante para avanzar en la causa.
Dos días más tarde, el 27 de abril, fue capturado un tercer implicado, también de nacionalidad venezolana, quien —según la Fiscalía— manejaba datos clave sobre el resto de la estructura.
La última detención se concretó el 28 de abril en Iquique, donde fue aprehendido un cuarto sujeto, posteriormente trasladado a Santiago. Este último es sindicado como quien habría ejercido un rol central en las comunicaciones de carácter extorsivo.
Roles definidos en el secuestro
Durante la formalización, el fiscal del caso detalló que los imputados habrían actuado con funciones específicas dentro de la operación delictual.
“Todos los formalizados tienen participación material en la privación de libertad de la víctima, y uno de ellos cumple además un rol vinculado directamente a la extorsión”, explicó el persecutor.
Entre las funciones atribuidas, se identificó a uno de los detenidos como conductor durante el traslado del empresario, mientras que otro facilitó un inmueble —un taller mecánico— donde la víctima habría permanecido retenida.
En dicho lugar, la policía encontró elementos que reforzarían la tesis investigativa, incluyendo insumos médicos compatibles con el tratamiento de una persona insulinodependiente, así como coincidencias visuales con registros fotográficos enviados a la familia durante las negociaciones.
Pagos y liberación de la víctima
La investigación también reveló la existencia de transferencias de dinero realizadas por el entorno del empresario. Según antecedentes preliminares, los pagos superarían los $50 millones, siendo el último de ellos efectuado horas antes de la liberación de la víctima.
El empresario fue encontrado con vida tras permanecer cerca de una semana en cautiverio.
Testimonios y posibles vínculos criminales
Uno de los imputados señaló que habría sido presionado para facilitar su taller por parte de otro de los involucrados, a quien vinculó con una organización criminal de carácter internacional.
A partir de estos antecedentes, el Ministerio Público no descarta la participación de más personas en el delito.
“No se trata de un hecho aislado. Existen otros posibles autores que continúan siendo investigados”, sostuvo el fiscal.
Medidas de seguridad y proceso en curso
Durante la audiencia, uno de los imputados solicitó medidas de protección, incluyendo su traslado a un módulo distinto dentro del sistema penitenciario.
El tribunal consideró que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la cual decretó la medida cautelar más gravosa mientras se desarrolla la investigación.
Presunción de inocencia
Cabe recordar que, conforme a la legislación vigente, los imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra, según lo establece el Código Procesal Penal.
