El diputado Renzo Trisotti Martínez ofició a cuatro organismos del Estado para esclarecer la situación sanitaria del agua en Camiña, tras antecedentes históricos que apuntarían a concentraciones de arsénico por sobre el límite permitido por la normativa sanitaria —0,01 mg/L— en el suministro de la comuna.
Las solicitudes fueron dirigidas a la Seremi de Salud de Tarapacá, la Ministra de Salud Ximena Aguilera, el Gobernador Regional José Miguel Carvajal y la Dirección de Obras Hidráulicas, pidiendo antecedentes del Programa Regional de Vigilancia de Aguas Monitoreadas, estudios epidemiológicos desde 2014 a la fecha, proyectos de abatimiento de arsénico y el estado de autorización legal de los sistemas de Agua Potable Rural (APR).
En su oficio, Trisotti recordó que la exposición prolongada al arsénico provoca hidroarsenicismo, enfermedad que puede generar lesiones cutáneas, problemas cardiovasculares y cáncer.
“La gente de Camiña merece garantías de que el agua que consume no pondrá en riesgo su salud. Aquí no se trata solo de un problema técnico, sino de un derecho humano básico: acceso a agua segura”, advirtió.
El parlamentario solicitó precisar si se han realizado exámenes a la población para detectar casos en riesgo, identificar los focos contaminados, investigar el origen de la presencia del mineral y establecer prohibiciones de consumo en sectores afectados. También pidió información sobre recursos gestionados a través del Ministerio de Salud para financiar estudios y eventuales obras de mitigación.
En el ámbito de infraestructura, el legislador pidió confirmar si existe en carpeta alguna planta de abatimiento de arsénico para Camiña u otras comunas de Tarapacá desde 2010 a la fecha, y conocer el estado de funcionamiento legal y reglamentario de los cuatro sistemas APR existentes en la comuna.
“No podemos esperar a que se produzcan daños irreversibles. Si hay que invertir en plantas de abatimiento o en nuevas fuentes de agua, hay que hacerlo ahora. La salud pública debe ser prioritaria”, enfatizó Trisotti.
La solicitud de información se ampara en las facultades de fiscalización que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional otorga a los diputados y busca que, en caso de confirmarse la contaminación, se tomen medidas inmediatas para resguardar y conservar la salud de la población de Camiña.
